Goldschmidt

“La tolerancia es la admisión efectiva de diferentes doctrinas con respecto al mismo tema o de diversas conductas en análogas situaciones..."

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Von Savigny

“La historia literaria del derecho romano en la edad media magistralmente expuesta en su obra: Geschichte des römischen Rechts im Mitelalter, Heidelberg, 1834-51"

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Carlos Maria Vico

PALABRAS PREVIAS. 

                  La idea de un portal común destinado a cátedras que enseñan Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado, o sea ramas del mundo jurídico tenidas como distintas y con pocos contactos más allá del compartir la calidad de “internacionales”,  no es una coyuntura meramente circunstancial, o mera unión creada por la existencia de un profesor titular común. Es parte de un proyecto destinado a destacar las áreas en que ambas asignaturas -sea por sus objetivos, sea por sus métodos, sea por su articulación técnica-, abren una perspectiva de elaboraciones y logros en común en beneficio de los valores fundamentales que coadyuvan al mejoramiento de la vida humana.
                  En el marco de una  sociedad global, donde las comunicaciones permiten contactarse con cualquier lugar del planeta en sólo fracciones de segundo, lo internacional se ha extendido, desde los ámbitos de dichas ramas, a todos los sectores del Derecho, con un impacto que cambia perspectivas, metodología y, sobre todo, los ámbitos espacial y material de desenvolvimiento.

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La Plata, 6 de febrero de 2012.

Apreciados compañeros de cátedra:

Este es el proyecto de nuevo programa prometido a todo lo largo del año pasado.

Está orientado a comprender toda la problemática de la materia. La presentación sintética ayudará a guiarse dentro de las distintas unidades. Luego, consultando a cada una de éstas, se tendrá precisa noción del alcance.

No representa un giro de 180 grados, sino el mantenimiento de la esencia y, desde luego, sus  principales contenidos.

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Bienvenidos Sres. Alumnos.

Teniendo la necesidad que los alumnos que cursen la materia de  Derecho Internacional Privado de la UNMDP ,se registren ,les acercamos un manual instructivo de como realizarlo , para ello tendrán que hacer click en este link .

Atte. Web Master

Sres. alumnos:

Para acceder al enlace del material introductorio de uso de la página web de la Cátedra de Derecho Internacional Privado ,en formato de Power Point haga click en el enlace en la parte inferior.

 

 

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ENNIS , " Los Conflictos Interestaduales y el DIP

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Los  CONFLICTOS  INTERESTADUALES Y EL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
SUMARIO
©   PRIMERA PARTE: ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES.
I. Laguna en nuestra bibliografía. — !I. La expresión "conflictos de leyes". — II!. Aseveración de Zeballos. — IV. Enorme masa doctrinaria norteamericana ignorada aquí. — V. Federaciones y confederaciones. — VI. Conflictos ¡itermunicipales e interprovinciales de otrora. — Vil, Estados legislativamente autónomos en la confederación británica de naciones. — VIII. Las repúblicas soviéticas.— IX. Lo que fue federación de países alemanes. — X. La situación en Suiza. — XI. Uniformidad y conflictos de leyes en los Estados Unidos. — XII. Los actos de una provincia gozan de fe en las demás. — XIII. Conflictos de leyes en la Argentina, en el orden interno. — XIV. Los conflictos de leyes procesales entran en nuestra materia.
6 SEGUNDA PARTE: ¿CABE ASIMILAR EL PROBLEMA QUE NACE DEL CONFLICTO INTERESTADUAL AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO?
I. Opiniones que parecen inclinarse al dualismo. — II. Tendencia a considerar ligados ambos aspectos internacional é inter-estadual. — III. Ventajas para la doctrina en el examen de la cuestión ¡nterestadual. — IV. Algunos puntos de vista norteamericanos al respecto.
O .TERCERA PARTE; ¿TIENE ATRIBUCIONES LA SUPREMA CORTE FEDERAL PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS DE LEYES ENTRE LOS ESTADOS?
I. Generalidades. — II. La Corte americana se arroga esta facultad. — III. Algún fallo en contra.
O   CUARTA 'PARTE:  LA EXPERIENCIA NORTEAMERICANA.
I. Propósito. — II. Primitivos autores y Story. — III. El "American Law Instituto" y su código de D. I. Privado.

164    ANALES   DE  LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
«   QUINTA PARTE:   CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE DIVORCIO.
I. Idea preliminar. — il. El panorama actual en los Estados Unidos. — II!. Story y evolución ulterior de la jurisprudencia. — IV. Relaciones patrimoniales. — V. Síntesis.
•   SEXTA PARTE:   CONFLICTOS  DE  LEYES EN  MATERIA DE CONTRATOS.
I. Advertencia. — 11. Nociones sobre régimen internacional de los contratos. — 111. La doctrina de Story al respecto. — IV. Tres tendencias principales norteamericanas en este campo. — V. La forma de los contratos. — VI. La capacidad en los contratos. — V!l. Los efectos de los contratos. Lex celebrationis. — Vil!. Lex solutionis. — IX. El orden público como limitación a la aplicación de ley extraña. — X. El reenvío. — XI. El sistema del "Restatement".
®   CONCLUSIÓN.

PRIMERA PARTE
ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES
El estudio presente es novedoso en nuestra literatura jurídica nacional, y ha merecido poca dedicación su objeto en los manuales corrientes argentinos y extranjeros, por razones varias. La laguna consiguiente en la doctrina generalizada y la omisión de los autores, serán suplidas, aunque en grado ínfimo, con esta colaboración.
Es así que estimo ofrecer en los ANALES planteado este problema en forma concreta por primera vez entre nosotros; hasta ahora no hemos encontrado más que alguna alusión incidental, no siempre afortunada. Expresamente hablo de ofrecer el planteo del problema, porque su dilucidación exigiría todo un volumen nutrido; pero, algo ganamos con tenerlo presente al describir o definir el Derecho Internacional Privado y al determinar su amplitud.
Algunas de las conclusiones son fruto de investigación y reflexión personales, lidiando con el vacío bibliográfico: "mon verre est petit, mais je bois dans mon verre"; y que, por ser primicia entre nosotros, quiero dejar en las páginas de los ANALES de mi Facultad, como invitación a estudios más profundos.

166    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
II
Ante todo, cabe una aclaración que exige el uso que hago de la expresión "conflictos de leyes". No hago más que aceptar una vieja designación, sin dejar de reconocer que el problema del Derecho Internacional puede, posiblemente, mantener que el conflicto es más aparente que real, porque, en rigor jurídico, las leyes no pugnan por desplazar unas a otras en el concierto internacional; no están en conflicto en este sentido, sino más bien en contacto. Efectivamente, hay quien no se conforma con proscribir la palabra "conflictos" en la denominación de nuestra disciplina científica mejor llamada Derecho Internacional Privado, sino que también niega la existencia del conflicto al definir o explicarla. Pero, para mí, en el estado actual de esta ciencia existe un conflicto por lo menos lógico a veces, y una concurrencia de leyes de diversas soberanías, que crean el problema de elegir entre ellas como si estuvieran en conflicto. El conflicto puede existir en la oposición entre los sistemas de las diversas leyes en contacto, ya que al aplicar una, se acepta un principio jurídico quizá diametralmente contradictorio con respecto al principio de la otra ley nacional en concurrencia, como sucede en presencia de una ley nacional que establece —hasta como norma de orden público— la indisolubilidad del matrimonio, y otra ley que consagra su disolubilidad. El conflicto puede presentarse en la inteligencia del juez que debe buscar la ley jurídicamente aplicable a una relación internacional, o la conciencia del juez que, estimando más justa y equitativa la norma de su propia ley (lex fori), debe, por el juego de otros principios, (cholee of law rules, como los llaman los anglo-americanos), dar preferencia a otra ley (extranjera) aplicable, aunque ma-

LOS CONFLICTOS  INTERE3TADUALES    167
nos justa intrínsecamente, a su juicio. Por todo ello, sin incumbir ubicar el conflicto en este estudio, dondequiera resida, acepto el impugnado título "conflictos de leyes" para referirme a la diversidad legislativa contemporánea, que hace tan necesario el conocimiento del Derecho Internacional Privado 0).
ni
Estanislao S. Zeballos, en sus notas a la traducción de Weiss, apunta una deficiencia en las definiciones corrientes del Derecho Internacional Privado, ya que omiten incluir el aspecto que es él motivo de esta colaboración. El Derecho Internacional Privado, decía Zeballos, "es también un verdadero órgano constitucional en los países modernos —los más importantes por su influencia en la civilización— que han adoptado la forma federal. .. respetando en sus miembros o dependencias las legislaciones locales. Las definiciones no lo dicen, sin embargo. Y el Derecho Internacional Privado es, por consiguiente, medio general de solución en la vida nacional".
(1) La expresión conflicto de leyes debe entenderse como referida al Derecho Internacional Privado exclusivamente, pero abarcando los conflictos de leyes entre Estados que, sin ser estricta e internacionalmente soberanos, sin ser naciones en la acepción corriente de esta palabra, tienen autonomía legislativa. Queda excluido el conflicto intergubernamental, los conflictos entre poderes públicos de provincias y problemas semejantes que son propios del Derecho Constitucional; queda excluido el conflicto entre la ley de fondo y la ley de forma, entre la ley que emana del poder federal y la que emana del poder local o provincial; queda excluido el conflicto que nace de la interpretación divergente que dos provincias pueden dar a una misma disposición legal, como sería a un artículo del código civil nacional entre nosotros. Tal es el alcance de la designación "Conflict of Laws" entre los auglo-americanos, y habiendo aceptado pro tempore este nombre para seguir más fielmente su doctrina, no queremos darle otro significado que el que tiene entre ellos.

16S    ANALES   DE   LA   FACULTA»   DE .CIENCIAS   JURÍDICAS   V   SOCIALES
La objeción de Zeballos a las definiciones corrientes de la materia, la traje a colación en mi compendio de Derecho Internacional Privado en 1926, y aquí pienso agregar consideraciones que la refuerzan.
IV
Nos preguntaremos más adelante si cabe asimilar el problema de los conflictos internos a los conflictos internacionales en el campo jurídico; pero, desde ya, señalemos la ventaja de sumar a la experiencia y observación en el orden internacional, la quizá más copiosa que ofrecen dichos países federales, en particular los Estados Unidos de la América septentrional.
Tanto en derecho privado como público, el régimen federal, con el papel preponderante que asigna a la Suprema Corte para dirimir los conflictos interprovinciales de varia índole, obliga a la admiración a quienes sueñan con la comunidad jurídica de las naciones del mundo con su tribunal supremo. John Stuart Mili, en sus "Considera-tions on Representative Government", así piensa: "The Supreme Court of the Federation dispenses International Law, and is the first example of what is now one of the most prominent wants of civilized society, a real International Tribunal".
Este tribunal proporciona un material enorme, que debemos aprovechar como el resultado de la vida de los negocios diarios en el desarrollo científico del Derecho Internacional Privado, Raymond Jeanprétre, en su tesis "Les conflicts des lois en matiére d'obligations contractuelíes selon la jurisprudence et la doctrine aux États Unis", publicada en 1936, nos dice de esta jurisprudencia que "sa masse est terrifiante", y cita a Charles E. Hughes, que

LOS CONFLICTOS  INTEKESTADUALE3    169
fue Secretario de Estado y Presidente de la Corte en la Unión, conforme al cual: "Nuestro país es la usina jurídica más grande que el mundo haya jamás conocido. El gobierno federal y nuestros cuarenta y ocho Estados emiten cada año millares de leyes nuevas, en tanto que los tribunales, en el ejercicio de su función, nos proporcionan millares de precedentes. 175.000 páginas de fallos en un solo año. Un promedio de 12.000 leyes y 3.000 sentencias que son registradas anualmente de modo permanente".
La investigación jurídica tiene aquí un laboratorio inmenso y sin duda pueden otros países aprovechar su experimentación. Aun más, aquellos que se ven abocados a problemas semejantes o que participan de principios generales análogos. En párrafos sucesivos indicaremos sumariamente lo mucho que puede aprovecharse de la copiosa jurisprudencia americana en materia de domicilio, divorcio, contratos, etc., ya que pensamos que el hombre jurídico es esencialmente único en todo el mundo civilizado y a iguales problemas e iguales circunstancias cabe igual solución e igual razonamiento, aunque nos separen varios miles de millas.
Y, sin embargo, algunos autores han pasado casi totalmente por alto su aporte. Sánchez de Bustamante y Sirven, el codificador latinoamericano tan conocido en los Estados Unidos, apenas vislumbra la cuestión de los conflictos entre Estados federados. En su MANUAL, se conforma con decir que "la diferencia de legislaciones locales en un solo Estado político, da origen a problemas de Derecho interregional, muy parecidos a los de esta ciencia", lo que no es precisamente lo que buscamos.
Nuestro profesor local, Carlos M. Vico, recordando quizá inconcientemente a Jitta, nos habla del derecho americano en materia de transporte. Alude a la diversidad

170    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
legislativa federal como algo característico del transporte, y llama sistema americano a su solución práctica. Dice: "... el transporte ofrece características típicas, como la de comprender contactos legislativos que no son internacionales, sino producidos —en virtud del federalismo legislativo— entre diferentes Estados o provincias autónomas de un mismo país". Esta forma de expresarse ha pasado de edición a edición, y no es raro que el autor de este artículo lo haya incorporado a su compendio en la pág. 218, así como los autores Argúas y Lazcano a su trabajo en la pág. 343.
He tenido oportunidad de señalar las deficiencias de estos conceptos (-). En efecto, los contactos legislativos
(2) Cabe reconocer que en la última edición del Curso del Profesor Vico, en el tomo primero, se enseña que en los orígenes nuestra materia no era internacional sino interprovincial o intermunicipal, pero que en la actualidad prevalece aquel aspecto sin poder excluir los segundos. Vico se enrola entre quienes mantienen la unidad del problema internacional e interlocal, formulando la consiguiente objeción a la designación Derecho Internacional Privado, así como años antes criticara Zeballos su definición insuficiente. Dice Vico:
"Echando una mirada de conjunto so'bre las denominaciones anteriores al siglo XIX, advertimos que carecen del vocablo internacional. Eran contactos legislativos de leyes de un mismo Estado, de una misma soberanía política, pero de distintas fuentes de derecho privado. Los autores no podían entonces llamar internacionales a las reglas que procuraban esas soluciones, porque eran interlocales, intermunicipales, interprovinciales.
Quiere decir, entonces, que el problema del contacto legislativo puede ser intermunicipal, interprovincial o internacional, según la estructura legislativa de las sociedades.
Se desprende igualmente que el derecho internacional privado no ha nacido como internacional, sino como intermunicipal o Ínter-provincial. Los contactos intermunicipales o interprovinciales han disminuido, evidentemente, en virtud de esa obra de unificación legislativa, pero no han desaparecido, y basta que así sea para concluir que la palabra internacional es tan deficiente para denominar nuestra ciencia, como si empleáramos las de intermunicipal o

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADUALES
nacidos del federalismo no son típicos del transporte, ni siquiera son aquí más frecuentes, como un ligero examen de las recopilaciones americanas demostraría. Estos contactos (Vico no acepta, al parecer, lo de conflictos) se ofrecen con igual carácter en materia de contratos en general, de divorcio y — en una palabra — .de toda la legislación común, civil, comercial y penal, reservada a los Estados, contrariamente a lo que sucede en el inciso 11 de nuestro art. 67, o lo que sucede en otras federaciones, como la australiana, que reserva al poder central el derecho de legislar sobre matrimonio y divorcio, letras de cambio, etc. (inc. XVI, XXI y XXII, art. 51, Constitution of tifie Commonwealth of Australia).
Es cierto que, en materia de transporte, se ha podido resolver el conflicto de leyes mediante el contrato único o el régimen de la ley única; pero el método no le es exclu-
interprovincial. Esos contactos legislativos, en nuestra opinión, son de la misma índole, faltando una denominación suficientemente exacta para comprenderlos a todos." (Curso de Derecho Internacional Privado, ed. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1934, págs. 29/31).
i   
"Una parte de la doctrina sostiene que no es idéntico el caso cuando el contacto legislativo se produce entre leyes de una misma soberanía política del derecño internacional, que cuando se suscita entre Estados absolutamente independientes y soberanos.
Creemos que esa opinión es errónea y que los casos son idénticos, porque las diferencias no afectan la naturaleza del problema Jurídico que se trata de resolver.
La opinión que refutamos se origina, en nuestro entender, en la confusión entre las soberanías de derecho público o políticas y las de derecho privado o legislativas, suponiendo entre ambas una correlación que no existe necesariamente.
Debe distinguirse la jurisdicción o soberanía legislativa de derecho privado, que es donde se mueve nuestra ciencia, de la jurisdicción o soberanía legislativa de derecho público, que es donde se mueve el derecho internacional público o cualquier otra rama del derecho público." (Id., págs. 46/47).

172    ANALES   DE  LA   FACULTAD   DE  CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
sivo. También ha reducido el inconveniente de la legislación múltiple la acción federal como la que resulta de la American Inter-State Commerce Act d.e 1887.
Por otra parte, precisamente, como lo hace notar el profesor de la Universidad de Yale, Ernest G. Lorenzen, el sistema práctico de obviar el conflicto en materia de transporte hace que su estudio ofrezca, posiblemente, menos interés que los conflictos en tanta otra relación jurídica. Por todas estas razones, es de lamentar que se limiten tales tratadistas a una solución pasajera, tratando de un contrato en especial, en vez de encarar de lleno el problema entre las cuestiones generales de la materia, para fijar el alcance de los contactos legislativos interprovinciales o ínterestaduales.
Nuestra cuestión no se limita a los Estados Unidos, sino que puede concernir a todo país federal o toda federación de naciones. En sus orígenes, nuestra ciencia se propuso resolver los conflictos de leyes intermunicipales e interprovinciales antes que los internacionales. Y hoy, la compleja distribución del poder legislativo entre las provincias en las repúblicas federales, los dominios en la confederación británica, las repúblicas soviéticas unidas, etc., ofrece un terreno anchuroso para la exploración científica, casi virgen, en materia de derecho público y privado internacional.
VI
En su evolución científica ulterior, el Derecho Internacional Privado ha pasado del conflicto de leyes ínter-regional, interestadual o interprovincial al conflicto es-

LOS  CONFLICTOS  INTEBESTADUALES    173
trictamente internacional, y este último aspecto le ha hecho olvidar el viejo problema de los comentaristas. Francia, Suiza y Alemania, Italia y Holanda conocieron el problema que hoy replanteamos, y la gradual codificación y centralización le fue restando importancia, que la idea de la federación de Estados le irá devolviendo.
Ya en el siglo XII, los juristas italianos prestaron atención a los conflictos de leyes; en el norte de Italia, cuerpos independientes de derecho consuetudinario empezaron a oponerse al derecho común general y sólo se aplicaba este último faltando disposición local, surgiendo los conflictos intermunicipales en seguida en virtud de tal autonomía, como lo señala Neumayer en su "Die Gemeinrecht-liche Entwickelung des Internationalen Privat-und-Straf-rechts bis Bartolus". Al admitirse la aplicación de otra ley en lugar de la lex fori en los conflictos interregiona-les italianos, ya está en germen nuestra ciencia compleja y sutil.
En Francia tienen carácter interprovincial los primeros conflictos de leyes. En el siglo XIII parece que tales conflictos fueron llevados ante el Parlamento de París y el Canciller de Normandía. En Alemania intereserá, más tarde, la divergencia legislativa entre los Estados germánicos.
Recién para los escritores holandeses del siglo XVII dejan de ser primordialmente interprovinciales o intermunicipales los conflictos o contactos, para tornarse internacionales merced a la independencia recién conseguida y bravamente guardada de las provincias de los Países Bajos.
La multiplicidad de las legislaciones vigentes en un solo país, afirman Asser y Rivier, naturalmente ofrecía materia y ocasión de investigaciones científicas especiales. Estaban entonces en esa situación todos los países as

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Europa, y más que ninguno, las Provincias Unidas de los Países Bajos, en los cuales se mantenía robusta la autonomía municipal y floreciente la ciencia del derecho, a la vez que eran por extremo frecuentes las relaciones entre ciudadanos de importantes y numerosas poblaciones, muy próximas entre sí.
La centralización y creciente uniformidad legislativa fue desplazando gradualmente el problema. En Francia, donde en una época se cambiaba de ley o costumbre al cambiar de caballo de posta, vino la obra centralizadora de las ordenanzas reales, que culminaron después de la revolución en la codificación napoleónica. En Alemania de fines del siglo XVIII podemos hallar .conflictos entre el código bávaro (1756) y el de Prusia (1794), por ejemplo, pero no termina el siglo XIX sin haberse acometido la codificación comercial y civil para todo el país. La Constitución de Weimar de 1919 incorpora el principio de que el derecho nacional deroga el derecho local (Reichsrecht bricht Landrecht, en su art. 13), completando la obra centralizadora de la Confederación del Rhin de 1806 y germánicas de 1815 y 1867 y, sobre todo, del Imperio a partir de 1871. No cabe duda que la tendencia a la unidad también se ha hecho sentir en España, y las excepciones o fueros locales pierden categoría (véase el "Derecho interprovincial" en el Manual de Derecho Catalán de Arturo Corbella, Reus -1906, o "Cataluña ante los tribunales nacionales", de Palomeque).
Sin embargo, la guerra del 14 ha podido crear de nuevo el problema, como señala un autor americano, al mudar las fronteras y al mutilar o rehacer ciertos Estados.

LOS   CONFLICTOS   INTERESTADUALE3    175
VII
Frente a esta tendencia que lleva a la unidad legisla-lativa nacional, hay un movimiento opuesto que —no obstante tener por mira la unidad— trae la disparidad legal, ya que respeta la atitonomía o soberanía legislativa de las partes integrantes de las nuevas federaciones o confederaciones.
Ejemplos de esta unidad en la variedad, o variedad del derecho común frente a la evolución hacia la unidad política, son los casos de Suiza y los Estados Unidos de Norte América; y, en plena elaboración, la Unión Rusa de los Soviets y la Confederación Británica de Naciones.
El conjunto de naciones británicas ofrecen hoy, y cada día ofrecerán más si salen airosas de la prueba en que esta hora las encuentra, grandes posibilidades de observación en materia de contactos o conflictos de leyes entre naciones federadas.
La modalidad particular del régimen colonial británico hizo que quedaran subsistentes las costumbres aborígenes o nativas y el derecho local casi siempre, a veces en concurrencia con el derecho de la metrópoli; dentro de algunas colonias, las leyes locales eran varias por ser varias las razas o las religiones, y, con ello, la posibilidad del conflicto de leyes aumentaba. No era esto más que repetir en ultramar lo que acontecía en Gran Bretaña, donde, a ratos, un parlamento único legislaba diferentemente para Escocia, Irlanda e Inglaterra.
Pero, aparte de esta subsistencia de legislaciones varias en un mismo Estado político, existe el problema nacido de las legislaciones diversas en cada Estado, ya que cada Estado federado se da sus propias leyes sin detrimento de la unión, federación o confederación superior.

176    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE  CIENCIAS   JURÍOTCAS   Y   SOCIALES
Sabido es que, un tiempo, tres parlamentos, inglés, escocés e irlandés, tuvieron las Islas Británicas; que mediante las leyes llamadas de "Unión" se refundieron en uno solo, persistiendo la diversidad legislativa debido a las necesidades y condiciones distintas de las tres regiones del Reino Unido. Como ilustración típica, sirven los matrimonios carentes de solemnidad de Gretna Green, y un caso de jurisprudencia que más adelante traeremos (3).
A la vez que los tres parlamentos se van fundiendo en uno, corre una tendencia opuesta que se concreta en las reivindicaciones de autonomía legislativa, que será la quintaesencia de la nueva comunidad (Commonwealth) e'n que se vinculan dominios y madre patria. Ya la declaración de independencia de aquellas trece colonias rebeldes de la América colonial inglesa, como la redactara Jeffer-son, enrostra al soberano inglés su pretensión de subvertir el sistema liberal y constitucional en connivencia con otros: "Suspending our own legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever".
El afán del socio más fuerte de inmiscuirse en los negocios propios del menos fuerte, llevó a la sanción de la famosa ley sexta de Jorge I (6th. of George I), de 1719, permitiendo al parlamento inglés legislar también para
(3) El Restatement usa la designación "Conflict oí Laws", y "States" (conflictos de leyes y Estados) obviando la dificultad, que nacería de hablar de un derecho internacional, cuando se refiere tanto a lo internacional como a lo interestadual (dentro de la nación norteamericana). Aclara en los primeros artículos que tal es la interpretación que debe darse a la palabra "Estados" en su código, y proporciona algunos ejemplos ilustrativos. En las islas británicas, Escocia, Inglaterra con Gales y ambas partes de Irlanda forman "Estados" en el sentido expresado, así como cada uno de los Dominios 'británicos, y se reserva la. palabra nación "to desígnate a politically sovereign unit."

LOS CONFLICTOS   INTEKESTADUALES    177
Irlanda con detrimento de la autonomía de esta última, que tenía su propio parlamento. Pero, el 16 de abril de 1782, el parlamento de Dublín, conducido por Grattan, declaró que, siendo Irlanda un reino distinto, con corona imperial común pero parlamento propio, sólo el rey común con los pares y comunes propios de Irlanda tenían derecho a legislar para ella. A mediados del mes siguiente, a moción del Earl of Shelburne en los Lores y de FOX en los Comunes, se derogó formalmente, por la "Act of Repeal", la ley de 1719; pero la agitación irlandesa siguió —inspirada por Flood— hasta que el parlamento metropolitano, en 1783, explícita y enfáticamente declaraba, en su "Act of Renunciation", que no sería en adelante cuestionable ni cuestionado jamás el derecho de Irlanda de ser gobernada por las leyes factura del rey y parlamento de Irlanda misma. Si bien esto no impidió que en 1800 el cuerpo legislativo irlandés renunciara voluntariamente (sin perjuicio del juicio que merezcan los métodos de Pitt en la emergencia) a su autonomía, convirtiendo a su país en parte integrante de un reino único, el principio de la autonomía se salvaba hasta en la circunstancia de ser su disolución acto legislativo del mismo poder suicida.
Señalo estos episodios en la evolución constitucional inglesa, porque son antecedente fecundo de movimientos que renovaron la reivindicación de "self government" de la revolución norteamericana, y cuyo eco precede a la constitución de los dominios, Canadá, Australia, Sud África, etc., que piden y logran la soberanía legislativa de hecho absoluta.
El Estatuto de Westminster (del 11 de diciembre de 1931) es la carta orgánica fundamental de la libre asociación de los miembros de la "British Commonwealth of Nations", ratificada expresamente por Australia, Nueva

178    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍtOCAS   TT   SOCIALES
Zelandia y Terranova (esta isla dejó de ser dominio posteriormente), y declara que la corona es el símbolo de su asociación y que ninguna ley del parlamento del Reino Unido habría de aplicarse en un Dominio sin su pedido y consentimiento, quedando sin efecto la "Colonial Laws Validity Act" de 1865, que permitía a las colonias darse leyes propias siempre que no repugnaran a la legislación emanada del poder legislativo de Londres.
Lo que es más aún, el Statute &f Westmimter deja en los parlamentos de los Dominios pleno poder para sancionar leyes con fuerza extraterritorial; esto implica, comenta Stephen Leacock en un libro reciente sobre la materia, que el Imperio se expone a los conflictos de leyes entre sus varias partes integrantes
: "This means that the Empire must take a chance on the conflict of laws as between its component members".
No se oculta que, vueltos a la paz, con el fantástico incremento y rapidez en las relaciones entre sus pueblos, muy pronto las normas del Derecho Internacional Privado tendrán aplicación extremadamente frecuente entre ingleses y escoceses, canadienses, australianos, sudafricanos, neozelandeses, irlandeses y aún con hindúes e individuos de las colonias o países autónomos que conserven su vinculación dentro del grupo de las naciones de habla inglesa asociadas.
VIII
Campo interesante ofrecen al investigador las complejas relaciones nacidas de la distribución de la facultad legislativa entre las partes de la Unión Soviética. Sin entrar en detalles que nos exigirían una dedicación especial ni referirnos a la última constitución por falta de biblio-



LOS CONFLICTOS  JNTBBESTADUALES    179
grafía conveniente, nos limitaremos a recordar respecto al complejo sistema de relaciones federales emergente de la ley fundamental del 1 de julio de 1923, nacido del afán de conciliar la unidad de la Unión de las Repúblicas del Soviet con el de la soberanía de las Repúblicas de la Unión, siguiendo a Mirkine-Guetzevitch (Constitutiona-lité des lois soviétiques, Revue du Droit Public (Jeze), vol. 42, pág. 683), que la atribución de legislar estaba repartida entre: 1) el congreso de los soviets; 2) el presidium del comité central ejecutivo; 3) el comité central ejecutivo; 4) el soviet de los comisarios del pueblo; 5) el soviet del trabajo y de la defensa; 6) los congresos de los soviets de las varias Repúblicas de la Unión; 7) el presidium del comité central ejecutivo de las Repúblicas, et sic de coeteris.
Esperemos que la paz nos depare el estudio detenido de la solución del doble problema, interno e internacional, nacional y federal, que la autonomía legislativa debe crear en Rusia, con la posibilidad de echar mano de las fuentes bibliográficas rusas que existan. Entretanto, llamamos la atención a la existencia de nuestro problema también allí.
IX
En los últimos cien años, más o menos, en Alemania se ha ido acentuando la unificación legislativa y política bajo la hegemonía más o menos aparente de Prusia. Los "Staaten" autónomos se transforman en Weimar en los "Laender" enteramente subordinados, y la absorción del gobierno central es casi completa, en forma tal, que desaparece la importancia práctica de la norma destinada a regir los conflictos internos de leyes. El Reich se arroga

180    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
la facultad exclusiva de legislar en materia de relaciones con el extranjero, nacionalidad, circulación, fuerza armada, correos y telégrafos, extradición, etc.; y los dieciséis incisos que bastaban en el art. 4° de la Constitución del 16 de abril de 1871, se han convertido en diez artículos, algunos de ellos más largos que aquel único, para la nueva ley fundamental del 11 de agosto de 1919. Y aun cuando se estipula que los países podrán dictar leyes en materia de competencia concurrente, el art. 13, en su primera línea, define toda cuestión en favor de la ley imperial: el derecho imperial deroga (bricht) el derecho local.
No obstante esto, cabe sospechar que los jueces con cienzudos y los jurisconsultos que alientan inquietudes intelectuales se aprestarán a resolver los conflictos de leyes que forzosamente se presentarán a consecuencia del "anschluss" de regiones gobernadas por otra legislación hasta entonces. Quizá podamos algún día sacar fruto científico de su experiencia; pero, por el momento, por razones obvias nos está vedado.
x
Señala Arthur K. Kuhn, en sus "Principios de Derecho Anglo-Americano" (traducido al francés en colaboración con Max Petitpierre), que "en el interior de los Estados el particularismo tiende a desaparecer y una fuerte tendencia a la centralización se manifiesta. El ejemplo más reciente de ello es la adopción, en 1912, por los veintidós cantones que componen la Confederación Helvética, de u a código civil único".
Así es, y para más, se ha ido muniendo al poder central de tales facultades, que la confederación se fue con-

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADUALES    1S1
virtiendo en federación. Por el art. 87, secciones 1a y 2a de la ley de organización judicial de 1893, confirmada en 1911, se permite al tribunal federal rever buena parte de las decisiones cantonales en materia de Derecho Internacional Privado, facultad que no tiene expresamente la Corte norteamericana.
Pero, con anterioridad a esta unificación legislativa, se presentaba con frecuencia, en Suiza, el conflicto o contacto legislativo intercantonal. Ernesto Roguin, profesor de Lausanne, a fines del siglo pasado, en su "Conflits des lois suisses en matiére internationale et intercantonale", creía indispensable ocuparse especialmente de este último aspecto del problema. Decía: "Hemos consagrado el presente trabajo a la exposición de las cuestiones que surgen en las relaciones entre los cantones suizos, y entre la Suiza y los Estados extranjeros, la diversidad de legislaciones civiles... el libro tiene, por lo tanto, una parte internacional y una parte intercantonal". Por eso procede luego al estudio separado del régimen intercantonal y del régimen internacional del matrimonio, de la quiebra, tutela, sucesión, etc.
El art. 49 de la Constitución de 1848, que fue incorporado a la Constitución de 1874 en el art. 61, permite a los tribunales lograr la unidad y armonía en el conflicto intercantonal: "Les jugements civils définitifs rendus dans un cantón son éxécutés dans toute la Suisse".
La tendencia a la centralización y unificación en Suiza también se observa en la gestión de los tratados. La Constitución de 1848 —por medio de sus arts. 7° y 9°— quita a los cantones el derecho a tratar con el extranjero, salvo en materia de economía pública, vecindad y policía, conservándoles, sin embargo, la facultad de concluir convenciones relativas a materia legislativa. Sin tratarse de una

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muy clara división de funciones, la Confederación ha podido, como tal, desde entonces, concertar tratados como los que conciernen a la quiebra, en 1868 y 1869, con Italia y Francia, respectivamente, y se ha podido poner en tela de juicio la subsistencia de los celebrados con anterioridad, ya por cantones aislados, ya por la Confederación en nombre de algunos cantones. De esta clase es el firmado entre el reino de Wurtemberg y el Directorio federal suizo en 1825 - 26, reconociendo recíprocamente la competencia del tribunal del domicilio para toda acción relativa a la quiebra y colocando y tratando a los habitantes de cada una de las partes en un pie de igualdad con los nacionales de la otra; aquí el Directorio federal no representaba a la Confederación en su totalidad sino a los cantones individuales de Lucerna, Zurich, Berna, Unterwald, Friburgo, Vaux, Valais, Ginebra, etc. Cabe aplicar lo mismo a los tratados suizo - bávaro de 1834 y suizo - sajón de 1837 (*).
(4) Ya terminado este articulo recibí por gentileza dé la autora, de la Universidad de Harvard, un estudio detenido sobre el problema de los conflictos de leyes en Suiza, antes de la Constitución federal de 1848, desde ésta hasta la de 1874, y por fin hasta la unificación general del derecho privado en dicha federación. Se trata del trabajo "Conflict of laws in a Federal State; the experience of Swit-zerland" por Magdalene Schoch, publicado en Harvard el año pasado. En las referencias que a continuación apunto tengo 'presente ests. síntesis.
De la unión inestable y poco armónica anterior, en 1848, Suiza da un paso más hacia una federación orgánica y en 1874 avanza aún más en el mismo sentido. La ley fundamental de este mencionado año autorizó la legislación federal única en relación con la capacidad de las personas, la propiedad intelectual y las marcas, las quiebras y el registro civil, y en particular, en materia de obligaciones inclusive el derecho comercial y las letras de cambio. En consecuencia se dictó en 1881 la ley federal de las obligaciones. Así Suiza va mostrando que es posible refundir la materia en lo civil y la materia en lo comercial, a la vez que unificar la ley de las

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADTTALES    1S3
XI
En los Estados Unidos de Norte América, a pesar de la base uniforme y común del Common Law en los Estados de derecho fundamental y originariamente consuetudinario, a pesar de la labor encomiable de las comisiones oficiales interestaduales que desde 1890 han elaborado
obligaciones entre los varios cantones, por medio de las facultades delegadas en los organismos federales.
En 1891 la legislación federal se extiende a! campo de los conflictos de leyes intercantonales, pero este intento de ofrecer normas uniformes de colisión va a perder interés luego de la enmienda constitucional de 1898 que deja a los poderes federales la legislación en lo que concierne al derecho penal y al privado en general. Su fruto es el Código Civil suizo preparado en 1907 y vigente desde 1912, al cual se incorpora como libro V el código de las obligaciones.
Este proceso claramente elimina los conflictos de leyes entre los cantones, pero deja subsistente lo que se refiere al procedimiento. El artículo 64 de la Constitución reserva a los cantones el derecho exclusivo de reglar la administración de justicia y el procedimiento, con lo que se vuelve sumamente importante separar el derecho substantivo del derecho procesal.
"La ley federal de las obligaciones de 1881 estableció como regla la ausencia de formalidad para los contratos; la validez de un contrato era independiente, en principio, de requisitos formales, salvo cuando la ley federal misma prescribiera algunos. Esta norma chocaba con la regla que prevalecía en los códigos de los cantones de habla francesa, que todos los contratos que importan más de cierta suma deben ser hechos por escrito, no admitiéndose ninguna prueba oral en su contra. Los tribunales cantonales interesados siguieron aplicando esta regla por conceptuarla materia procesal. El Congreso de Juristas Suizos de 1883 haciéndose cargo de la falta de uniformidad resultante discutió detenidamente sin conciliar los criterios opuestos en cuanto a su naturaleza. La justicia federal decidió en favor de su carácter de reglas locales, manteniendo tratarse de reglas de prueba, y por lo tanto de procedimiento, sea que se hallaran en los códigos civiles o de procedimiento de los cantones. Cupo a la Legislatura remediar esta situación. Asi lo hizo sancionando la sección décima del Código Civil federal que establece que cuando la ley federal no exige una forma especial para la

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proyectos de leyes uniformes como la "Negotiable Instruments Law", la "Warehouse Receipts Law", "Sales Act", "Bills of Lading Act", "Stock Transfer Act", etc., los conflictos de leyes entre los diversos Estados federados son extraordinariamente frecuentes y su estudio interesante y adelantado. A algunos de sus aspectos dedicaremos los
validez de un acto, no podrán las leyes cantonales establecer normas al respecto para su probanza en juicio. Alguna duda suscitóse con relación a la constitucionalidad de la solución, pero ya que la validez constitucional de una ley federal no puede discutirse en los tribunales suizos, el temperamento de la Legislatura Federal prevaleció."
Magdalene Sclioch continúa el examen de las cuestiones planteadas en los tribunales suizos en las cuales ha tenido que discutirse si la materia era de fondo o de forma, para establecer si correspondía reglarlas a la ley única federal o a la diversidad legislativa cantonal. Se ocupa de la fecha cierta de los documentos y su valor respecto a terceros (el Código de Valais, siguiendo al artículo 132S del código francés resultaba más exigente que la ley federal de las obligaciones); del cargo de la pmeba (en cierto caso la corte federal sostuvo que el onus probandi no era puramente de resorte procesal, como luego lo ratifica el art. 8 del Código Civil); de la aparente invasión del fuero local en lo atingente a la prueba en el divorcio (el art. 158 del Código Civil lijó reglas de criterio de apreciación para el juez procurando evitar abusos de fácil disolución matrimonial); de las normas relativas a juicios de filiación (girando alrededor de los artículos 307, 308, 310, 317, 319 y 323, recordando un caso en que el tribunal federal mantuvo que "pendente lite" sólo cabía exigir garantía del costo presupuesto de manutención del niño cuya paternidad se discutía, conforme a la ley de fondo, y no fijar alimentos provisorios fundados en la ley de forma del condado de Vaud); de las condiciones necesarias para que pueda rechazarse total o parcialmente una demanda fundado en la compensación (set-off) como medio de extinción de las obligaciones (y por lo tanto pertinente al código civil y no a la legislación procesal, solución aceptada en materia Ínter-cantonal, Kaegi vs. Baumgartner, e internacional, Banco Alemán Transatlántico vs. Sclrweizerischer Bank-verein, ambos en 1937).
La enunciación escueta precedente de tales temas basta como índice del interés que su planteo nos debe merecer, por tratarse de problemas nacidos de circunstancias federales semejantes, en los cuales el derecho privado parece entrar en confusión de límites con el derecho público.

LOS  CONFLICTOS  INTEKESTADUALES    Ig5
últimos parágrafos de esta colaboración, deteniéndonos en la difícil materia de las relaciones contractuales y en la candente cuestión del divorcio. Pero, antes echemos un vistazo a nuestro propio sistema federal.
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Se nos ocurre que cuando ha surgido aquí un problema de conflicto o contacto de leyes, interprovinciales, ha sido resuelto empíricamente, sin haber advertido acaso la existencia del conflicto, sin acudir a doctrinas preestablecidas ni a construcciones jurídicas ni a generalizaciones científicas, salvo por excepción.
A pesar de la uniformidad de la legislación sustantiva impuesta por el inciso 11 del art. 67 de la Constitución Nacional, dichos conflictos pueden presentarse, aunque no ofrezcan la frecuencia y complejidad de los sistemas norteamericano, hoy, y suizo, ayer. Pero, aunque poco frecuente, no es jurídico dejar librada su solución a temperamentos casuistas y, por lo mismo, algún día hemos de intentar seriamente sistematizar su estudio.
El problema lógico, jurisdiccional y constitucional que involucra la multiplicidad de legislaciones, y que se resuelve con declarar que de dos leyes en pugna, una es inconstitucional por haber invadido jurisdicción o atribución ajena, no es nuestro problema. Por ejemplo, no interesa a este estudio saber si corresponde a la nación o a las provincias dictar leyes de salario mínimo o de concurso civil de acreedores. Interesa, en cambio, la armonía de dos leyes provinciales dictadas dentro de sus atribuciones o jurisdicción pero que, siguiendo inspiraciones opuestas, disponen en forma opuesta y en cierta relación jurídica con algún elemento interprovincial parecieran

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pujar por aplicarse y gobernarla. Si son normas antagónicas, el juez, al aplicar una, debe forzosamente dejar de lado las soluciones de la otra,y no es científico que el juez aplique la que más le agrade, ni la lex fori porque sí no más; ha de apelar a un sistema racional de normas de colisión.
El art. 7° de nuestra ley fundamental, como la sección 1a del art. 4° del modelo yanqui, al hablar de la fe que merecen los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia en las demás, no menciona expresamente las leyes provinciales, pero no cabe argüir que las ha excluido en el concepto de "actos públicos". Es innegable que toda provincia tiene la obligación de aceptar la validez, dar crédito a y aplicar, en cuanto la competencia y jurisdicción lo permitan, las leyes de las demás dictadas en ejercicio de su legítimo poder; esta obligación no nace de una ventajosa reciprocidad como la que promete la rutina en los exhortes entre los jueces de diversos lugares, sino de una obligación constitucional. La negativa involucraría un conflicto interprovincial, de índole pública o privada, y la Suprema Corte federal tendría que dirimir la diferencia. Así se ha entendido en los Estados Unidos, como más adelante veremos (3).
(5) Los textos constitucionales en que se apoyan los autores que atribuyen a la Corte federal jurisdicción para entender en los conflictos de leyes entre los Estados federados son el artículo IV de la Constitución Nacional y la enmienda XIV (sancionada en 1868). El primero, llamado el "Full faith and credit clause", similar y fuente de nuestro artículo 7, dice; "Se dará entera fe y crédito en cada Estado a los actos públicos, registros y actuaciones judiciales de los demás Estados, quedando facultado el Congreso para disponer por leyes generales la manera en que tales actos, registros y actuaciones deban probarse y los efectos que deban surtir."
La enmienda referida, llamada "Due process clause" en la parte pertinente reza:
"Los  Estados  no  podrán  dictar  ni  hacer  cumplir  ninguna  ley

LOS  CONFLICTOS   INTEEESTADUALES    187
Merece destacar el art. 118 de la Constitución federal de Australia (1900), que al adoptar la cláusula "Full faith and credit" (fuente en la Constitución norteamericana de nuestro art. 7°), llena el vacío y, junto a los procedimientos judiciales y actos públicos (public acts and records and the judicial proceedings), expresamente hace gozar de entera fe en los demás Estados a las leyes de cada uno de ellos.
XIII
No pretendemos acometer el estudio detenido de los posibles contactos legislativos interprovinciales entre nosotros, por ahora; lo dejamos para mejor oportunidad. Pero sí daremos algunos ejemplos que ilustren nuestra tesis.
Un abogado conviene tramitar un juicio sucesorio con bienes en varias provincias, estipulando honorarios del 15 % del valor de los mismos: ¿qué suerte corre su convenio de honorarios si la provincia A anula todo aquel que supere el 12 %, la provincia B lo considera válido hasta la concurrencia del máximun admisible, en tanto que la tercera provincia, en la que ha de invocarse el contrato, no limita la libertad de contratar al respecto, ni legisla sobre ctiota litis? ¿Regirá la ley de la provincia en que se celebró el contrato, o la de la provincia en que se litiga (lex fori) por cumplimiento del mismo, o una tercera ley ? ¿ es nula o válida o parcialmente tal la cuota litis fijada? ¿y si hay menores interesados? ¿prevalece la autonomía de la voluntad ? ¿ es materia procesal aunque se trate de gestiones también extrajudiciales?
que restrinja las prerrogativas o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrán privar a ninguna persona de la vida, sin el debido procedimiento legal, ni negar a nadie en su jurisdicción la igual protección de las leyes."

188    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
En un juicio tramitado en la capital federal, se cita a absolver posiciones al demandado residente en la provincia, que no obstante haber pactado la competencia de los tribunales metropolitanos, las va a absolver por delegación ante un juez provincial (art. 136 del Cód. de Proc.), ¿debe citársele por segunda vez, cómo lo manda la ley provincial, antes de poder tenerlo por confeso?
El doctor Marienhoff, en su tesis laureada sobre régimen y legislación de aguas, a propósito del uso de los ríos no navegables que atraviesan o limitan varias provincias, que pueden ser regulados independientemente por el gobierno de cada provincia, dice que los conflictos de allí emanados han sido y son frecuentes. Como la jurisdicción nacional, para él, en materia fluvial, sólo y exclusivamente se refiere a los ríos navegables que sirvan al comercio exterior y de las provincias entre sí, cabe preguntar cómo se resuelve un conflicto de aquellos sobre ríos no navegables, ya que no basta que haya disparidad de criterio entre las provincias para que se les quite una jurisdicción que constitucionalmente les corresponde. Es natural que estos conflictos pueden concernir no sólo a las provincias como poderes públicos sino también a los particulares que pueden tener derechos en conflicto nacidos al amparo de leyes opuestas de provincias distintas. Este autor opina que corresponde a la Suprema Corte Nacional transar el conflicto en mérito del art. 109, y que para solucionarlo debe recurrir a las normas del Derecho Internacional, pues no hay razón para establecer un principio en materia internacional y otro en materia interprovincial. Dice: "si esas normas se aceptan como expresión del derecho de gentes entre Estados soberanos y extraños entre sí, constituidos por pueblos de diferentes nacionalidades y razas, ¿con cuánta mayor razón deberá aceptárselas como sin-

LOS CONFLICTOS  INTERESTADUALE3    1S9
tesis del derecho de gentes aplicable entre provincias hermanas, integrantes de una patria común?" En apoyo de su conclusión, cita a Merlin, para quien los ríos que separan a dos territorios de un mismo Estado, se rigen por los mismos principios que los que separan dos Estados, y a Schulthess, señalando que el tribunal federal suizo aplica al derecho de aguas intercantonal los mismos principios que a la misma materia en el orden internacional.
Es cierto que esta suerte de conflctos no siempre son de mero interés individual o particular y trascienden al campo del derecho público constitucional, y el conflicto puede llegar a ser un conflicto entre provincias o gobiernos; no por eso decrece su interés.
Podríamos multiplicar los ejemplos de conflictos que emergen forzosamente de la disparidad de leyes provinciales en materias de jurisdicción local; así, con las leyes de impuestos a la herencia, con los códigos rurales, algunas materias procesales (p. ej.: excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, etc.) y administrativas, y por el estilo. Aseguramos que el campo es grande e inexplorado entre nosotros.
De la forma improvisada en que se resuelven los problemas prácticos que plantean tales conflictos interprovinciales, podemos decir lo que afirmaban los codificadores del Common Law en materia de Derecho Internacional o Interestadual en los Estados Unidos de Norte América: "Ha tomado once años completar el Restatement of Con-flict of Laws en la forma presentada. La materia ofreció graves dificultades especiales. Aunque parezca extraordinario en un país con cuarenta y ocho Estados, cada uno con su ley propia, estas dificultades especiales se deben principalmente al hecho que los abogados han descuidado la enorme importancia práctica de la materia... la enseñanza en esta materia ha estado lejos de ser universal

190    ANALES   DE  LA  FACULTAD  DE   CIENCIAS   JURÍDICAS  Y  SOCIALES
y ha carecido del continuado estudio crítico dedicado a los contratos, la propiedad y otras instituciones principales del Common La>w". -vrd-
Obsérvese, incidentalmente, que no cabe desdeñar la importancia de los conflictos interprovinciales porque en su mayor número acaso son de índole procesal. El conflicto de leyes en materia procesal entra también en el Derecho Internacional Privado, y si esta disciplina jurídica ha de cubrir los conflictos interestaduales, es menester que junto al Derecho Procesal Internacional tenga cabida el Derecho Procesal Interestadual (6).
(6) Sin perjuicio de emplear la palabra "soberanía" tan discutida, el 0r. Vico equipara resueltamente el problema interprovincial nuestro, a pesar de la unidad legislativa impuesta por el art. 67 inc. 11: "¿Las provincias tienen facultad de legislar sobre derechos privados? Según el art. 104 de la Constitución Nacional, las provincias conservan el poder no delegado a la Nación. En aquellas facultades delegadas a ésta, conservan su ejercicio mientras no las haya ejercido la Nación. Fue así que antes de sancionarse los códigos de fondo para toda la Nación, las provincias dictaron los suyos. Existía una amplísima soberanía legislativa de derecho privado.
Con posterioridad a la sanción de los códigos fundamentales, esas soberanías legislativas se han atenuado considerablemente, pero no han desaparecido. Tenemos, desde luego, la autonomía de la jurisdicción para la aplicación del derecho de fondo, y hemos de ver cuan íntima relación existe en derecho internacional privado entre el derecho de fondo y la. jurisdicción para aplicarlo. Las provincias dictan sus códigos rurales y legislan sobre cercos, caminos, marcas, señales de ganado, propiedad mueble; materias todas de derecho privado. Leyes complementarias del código civil, como la de accidentes del trabajo, establecen que la nación y las provincias pueden dictar decretos reglamentarios de la misma, decretos que significan la posibilidad de nuevas normas que deben conformarse al espíritu de la legislación reglamentada, pero que pueden ser, y lo son, diferentes entre sí.
La soberanía provincial, en las materias de su jurisdicción, también es absoluta, porque no tiene otra autoridad superior. Cuando esa soberanía obra dentro de su esfera legítima de acción, reconocida por la Constitución y leyes nacionales, no hay autoridad superior que pueda invalidar sus decisiones." (Vico, ob. cit., tomo I1?, págs. 47/48).

LOS  CONFLICTOS  INTEHESTADUALES
SEGUNDA PARTE
¿CABE ASIMILAR EL PROBLEMA QUE NACE DEL CONFLICTO INTERESTADUAL   AL   DERECHO   INTERNACIONAL   PRIVADO?
Habiendo ofrecido un panorama general de la materia, es conveniente que ahora nos planteemos el interrogante: ¿es el mismo el problema del Derecho Internacional Privado y el problema del conflicto de leyes, no ya internacional sino interprovíncial o interestadual? Si el problema es fundamentalmente el mismo, ¿caben soluciones idénticas ?
Del hecho de optar por soluciones diversas en los casos planteados puede inferirse que, para algunas leyes y algunos autores, no se trata del mismo problema, que una es la cuestión internacional y otra la cuestión interestadual, no siendo posible equipararlas, ya en doctrina, ya en el orden de las soluciones prácticas.
Roguin, al estudiar los "Conflits des lois suisses en matiére internationale et intercantonale", en 1891, en Lausanne, estudia separadamente el conflicto internacional y el intercantonal, como ya dijimos, arguyendo que, en lo tocante a Suiza, las circunstancias mismas que podrían constreñir al legislador a ceñirse en el interior al principio del domicilio (reducción de las barreras intercantonales, mezcla siempre creciente de las poblaciones, unificación progresiva del derecho), son otros tantos motivos para adoptar en el exterior el de la ley de origen. Dice textualmente: "II faut d'ailleurs eviter de croire que des solutions identiques doivent forcément etre adoptées

192    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JORÍOTCAS   Y   SOCIALES
dans les deux domaines". Y así, si se recomienda la aplicación de la lex domiciln en las relaciones entre suizos de distintos cantones, debe primar la lex -patride si la relación es con extranjeros, en muchos casos.
Coincidente con este pensamiento de Roguin es la ley federal suiza del 25 de junio del año citado, que, en su art. 22, permite la opción entre la ley del domicilio y la de la nacionalidad para regir la sucesión del extraño, explicando lo cual Molich (en su "Die erbrechtliche Stellung der Schweizer in Deutschland und der Deutschen in der Schweiz", citado por Jeanprétre), recuerda que en 1891 todavía no se había unificado el .derecho privado y se aplicaban las normas del Derecho Internacional Privado a las relaciones tanto internacionales como intercantonales, surgiendo el inconveniente de que en algunos cantones más de la mitad de la población estaba compuesta de suizos de otros cantones y de extranjeros, de modo que la lex patriae (exigida en la mayoría de los cantones restantes) hubiera significado para estos cantones fronterizos la aplicación de derecho extranjero a la mayoría de la población, por lo cual se prefirió la lex dom-icilü con una reserva en favor de la ley de la nacionalidad, solución que se funda más en razones de orden práctico que estrictamente científicas.
Para Louis Jacot, que estudia "La faillite dans les re-lations de Droit International Privé de la Suisse" (impreso en 1932), "le legislateur n'a done eu en vue l'unité de la faillite qu'en droit interne et non en Droit International". La unidad de la quiebra en el orden interno y su pluralidad en el internacional, se deduciría de la interpretación combinada de varios textos legales. La ley federal sobre quiebra, en su art. 197, consagra aparentemente la unidad al disponer que "todos los bienes embargables

LOS CONFLICTOS  INTEEESTADUALES    193
(saisissables) del fallido en el momento de la apertura de la quiebra forman una sola masa, cualquiera sea el lugar donde se encuentren, y quedan afectados al pago de los acreedores", y que debe correlacionarse con el art. 55, que impide que la quiebra pueda ser abierta simultáneamente en varios lugares en Suiza, y con el art. 271, capítulo 4°, de la misma ley federal suiza "sur la poursuite pour dettes et la faillite", que habilita al acreedor suizo a obtener un secuestro cuando el deudor no habita en Suiza.
II
Frente a esta opinión se alza la más generalizada y moderna que conceptúa íntimamente vinculadas las cuestiones interprovincial e internacional, como dos especies de un mismo género, como dos problemas ligados en su origen y próximos en su solución.
Ya hemos señalado, y si no fuera estéril redundancia lo documentaríamos aquí con abrumador detalle, que en sus orígenes el Derecho Internacional Privado fue el armo-nizador en el cúmulo contradictorio de leyes y estatutos aplicables en distintos municipios, regiones o provincias de una misma soberanía internacional; es decir, antes de ser internacional nuestra doctrina fue intermunicipal, interprovincial, etc. La ulterior diversificación de su materia, separando lo internacional de lo interno, no significó un divorcio absoluto en los principios invocados ni en las soluciones propiciadas. Tal es nuestra tesis, y la que resulta —en particular— de la enorme mayoría de los fallos norteamericanos, cuya doctrina tan interesante es casi absolutamente desconocida entre nosotros.
Aquel hombre versátil, múltiple, erudito, que fue Estanislao S. Zeballos reconoció en la nota citada a Weiss,

194    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JUKÍMCAS   Y   SOCIALES
la enorme importancia que en nuestro siglo podría llegar a tener la confrontación de los conflictos interestadualea en los países federales, donde el problema específico de la disciplina se asocia a uno de Derecho Constitucional. El lenguaje de Zeballos, si bien escueto, nos hace pensar que debió conocer la cuestión suscitada en los Estados Unidos acerca de si la Corte Suprema tenía jurisdicción para entender en cuestiones de conflictos de leyes inter-estaduales.
ni
Certifica la importancia creciente del estudio del problema interestadual en Derecho Internacional Privado, la posibilidad de soluciones donde se ha reducido a su míni-mun el entorpecimiento que trae la limitación del orden público, la teoría del reenvío, el exagerado afán de aplicar preferentemente la lex fori, el nacionalismo (señalado por Jitta como tendencia opuesta a la humana) exagerado, la remora de la "cemitas" como fundamento que hizo estragos en la doctrina anglo-americana precedente, etc., y la posibilidad de convertir las normas de Derecho Internacional en normas positivas aplicadas por una corte judicial que no fuera tribunal propio de ninguno de los Estados cuyas leyes han entrado en conflicto.
Es natural que, desembarazada de tan graves vallas, el adelanto científico de nuestra materia ha de ser muchísimo más fácil y seguro. Sólo así es posible llegar a sancionar un Código de Derecho Internacional Privado como el que llevó a cabo el Instituto de Derecho Americano recientemente, con intervención de jueces, profesores y abogados, y tener la satisfacción de agregarle un volumen anual con la abundante lista de fallos que deno-

LOS CONFLICTOS  ¡NTEKESTADDALES    195
tan la recepción decidida que ha merecido en los cuarenta y tantos Estados de la Unión.
Y para que pueda aprovechar el Derecho Internacional Privado de la frondosa jurisprudencia interestadual, es menester hallar paridad y semejanza en los problemas que respectivamente les asignamos.
IV
Du Bois, estudiando "The significance in Conflict of Laws of the Distinction between Interstate and International Transactions", en la Minnesota Law Keview, en 1933 (citado por Cavers), concluye decididamente que la existencia de una frontera internacional rara vez ha hecho variar la solución aplicable en caso de concurrencia legislativa: "It is an exceptional case that the crossing of an international boundary line has given rise to distinctive íreatment in conflict of laws".
Erwin N. Griswold, de la Universidad de Harvard, al retomar la discusión de la teoría del reenvío (Renvoi revisited, Harvard Law
Review, vol, 51, págs. 1165-1208, 1938), cree conveniente aclarar que el problema es uno, interno e internacionalmente: "It should not be inferred that there is anything international or foreign about the siíuation. The basic problem can arise (and does perhaps of tener than is suspected) just as well between States of the United States".
Finalmente, el código particular del Derecho Internacional Privado sancionado por el Instituto de Derecho Americano para servir de base de una interpretación fehaciente del Common Law de 47 Estados en materia de concurrencia de leyes, no hace distinción fundamental entre el orden interestadual y el orden internacional; sus normas son para aplicar en ambas esferas.

196    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JTJKÍD.ICAS   Y   SOCIALES
TERCERA PARTE
¿TIENE ATRIBUCIONES LA SUPREMA CORTE FEDERAL PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS DE LEYES ENTRE LOS ESTADOS?
Hemos visto como una ventaja para la imparcialidad en los fallos la posibilidad de ser resueltos los conflictos de leyes o jurisdicción por un tercero, por un tribunal que no pertenezca a ninguno de los Estados cuyas leyes entran en contacto. En los Estados Unidos, la existencia de un organismo judicial federal, ajeno y distinto a los poderes judiciales de los Estados individualmente considerados, ofreció una solución para cuya legalidad había que consultar la Constitución nacional. En efecto, ¿sería compatible con la autonomía de los Estados, que se dan sus leyes civiles, penales y comerciales, que la Suprema Corte federal dijera que en un caso particular habría de aplicarse otra ley que la que el Estado considerara aplicable?
Veremos que hizo honor a dicho escrúpulo constitucional alguna vez, para finalmente aceptar de lleno la misión de armonizar y obviar los conflictos de leyes entre los Estados federados.
Siendo privativo del alto tribunal dirimir los conflictos de leyes, se evita que un espíritu localista exagerado y nocivo impida una solución justa por el afán de querer aplicar la ley del tribunal que entiende en la causa; no prevalece la lex fori, ya que la Corte no impondrá el derecho civil federal sino el derecho civil de uno de los Estados concernidos, en general. Por la misma razón, el re-

LOS CONFLICTOS  INTEBESTABUALES    197
envío deja de tener aplicación, ya que siendo únicas las normas de Derecho Internacional Privado que la Corte aplica, no puede suscitarse ni la posibilidad del reenvío, hijo de la disparidad en las normas de colisión. Es decir, que el reenvío no nace de la existencia de dos derechos internos en conflicto, sino de dos sistemas de Derecho Internacional Privado en conflicto.
Es evidente ,tamhién, que la comunidad de derecho claramente perceptible entre los miembros de una unión federal reduce a lo más insignificante la limitación que por razones de orden público local o interno puede oponerse a la aplicación en su territorio de la ley de otro Estado federado. En efecto, la ley que claramente infringe el orden público atendible es, la más de las veces, una ley inconstitucional, y si la ley del Estado A es constitucional, difícilmente puede el Estado B, que es regido por la misma constitución nacional, negarse a darle aplicación solamente porque se opone al orden público del Estado B.
Esta última consideración nos ha llevado a la obligación constitucional que tiene el Estado B de aplicar en ciertos casos la ley del Estado A. El nexo establecido entre el Derecho Constitucional y el Derecho Internacional o Interestadual hace innecesario recurrir a la teoría de la cortesía (comity) como fundamento de la aplicación extraterritorial de la ley.
La doctrina anglo-americana, largo tiempo negó que fuera posible dar al Derecho Internacional otro fundamento efectivo que su voluntaria aceptación del mismo, sin sanciones ni compulsión externa ni obligación que no dependiera de su beneplácito. Pero, los puntos de vista que venían siendo sustentados con y desde Story perdieron terreno al verse abocados los jueces al examen de cuestiones interestaduales análogas. La Suprema Corte,

198    ANALES   DE  LA  FACULTAD  DE  CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
reiteradamente ha obligado al Estado A a aplicar la ley del Estado B, aun cuando aquél no quería hacerlo, y de ser su fundamento la cortesía, hubiera podido resistirse a ello en definitiva. Es así que la doctrina americana va dejando a un lado esta expresión "comity".
La copiosa jurisprudencia americana puede servirnos ya más por cuanto se refiere principalmente a la solución de conflictos de leyes entre Estados federados, en los que no tiene parte la cortesía como fundamento ni el reenvío como sistema. "Tj~
La Suprema Corte norteamericana, en general, se ha arrogado la facultad de dirimir los conflictos de leyes entre los Estados federados, convirtiéndose en el más neto tribunal de Derecho Internacional Privado del mundo. "Looking at the cases as a whole —dice E. Merrick Dodd (Jr.), de la Universidad de Nebraska, en su colaboración sobre "Supreme Court Review in Conflict of Laws" (Harvard Law Review, vol. 39, pág. 556)— it certainly cannot be said there are as yet any settled and sharply defined doctrines as to the relation between constitutional law and conflicts. Nevertheless, in spite of cases like Kryger v. Wilson which indícate that the current still runs at times in the opposite direction, the present trend of the court is pretty definitely in the direction of making use of constitutional limitations, such as the full faith and credit clause, the due process clause, or the contracts clause, for the purpose of setting aside state decisions which seem to that tribunal to amount either to an un-warrantable failure to recognize the validity in the con-flict of laws sense of a law of another state or to an unwarrantable extensión of the law of the forum beyond its proper orbit. .." Prosigue este mismo autor: "Resulta, pues, que la Suprema Corte ha resuelto en forma bastante

LOS CONFLICTOS  INTBRESTADUALBS    189
definitiva convertirse, hasta cierto punto, en tribunal para procurar la uniformidad en materia de conflictos de leyes, tanto en cuanto a la ley que debe considerarse aplicable y al campo propio de las limitaciones del orden público, aun cuando no sean suficientemente claras las circunstancias precisas en que entenderá tener jurisdicción para intervenir". "La objeción más seria a la doctrina es la de carácter puramente práctico, a saber, que la tarea de la Suprema Corte será indebidamente recargada si todas las causas en que haya conflictos de leyes han de ser consideradas como cuestiones de índole constitucional".
Mucha de la fuerza de la objeción desaparece si la intervención de la Corte ha de limitarse al recurso discrecional por "certiorari" descartando el recurso por "writ of error". No cabe el recurso de derecho por "writ of error" cuando el tribunal local niega validez a una ley estadual, y no cabrá, por lo tanto —opina Merrick Dodd—, el recurso a la Corte fundado en que el tribunal de un Estado ha negado la fe que merecen las leyes de otro Estado federado al negarle aplicación en un conflicto de leyes: no cabrá el recurso de pleno derecho, pero sí puede la Corte rever la decisión por vía de "certiorari" a su discreción.
Hay casos aislados en que la Suprema Corte -ha esquivado el resolver la cuestión de concurrencia legislativa, como en el Pennsylvania Railroad Co. v. Hughes, en 1903, en que rechazó el recurso, intentado porque se aplicó la lex fori en vez de la ley neoyorquina invocada. En la litis Kryger v. Wilson, en 1916, al irse a la Corte porque un tribunal de North Dakota había aplicado la lex fori a un contrato realizado en Minnesota con relación a tierras en Dakota, el alto tribunal afirmó que la cuestión de conflictos de leyes era materia no constitucional sino de mero derecho común. "The most that the plaintiff in error can

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say is that the State Court made a mistaken applieation of doctrines of the conflict of laws deciding that the can-cellation of a land contract is' governed by the law of the situs instead of the place of making and performance. But that —being a question- of local common law— is a matter with which this Court is not concerned".
En tales fallos negativos la Corte no niega que existan normas de colisión interestaduales de aplicación forzosa, sino solamente no cree tener jurisdicción para velar por su cumplimiento sin violar la autonomía de los Estados.
Pero, la gran mayoría de los fallos, algunos de los cuales veremos al estudiar el divorcio y los contratos en Norte América, claramente dirimen la cuestión interesta-dual. Como ejemplo típico, tal vez como leading case, podemos señalar el caso Converse v. Hamilton, de 1912. La Corte revocó la resolución de un tribunal de Wisconsin que rechazó el pedido del síndico de una compañía de Minnesota que obraba en mérito de autorización judicial dada en este último Estado en mérito de una ley del mismo. En la sentencia, se expresa claramente que no se ha negado validez extraterritorial sólo a un fallo sino también a una ley del Estado de Minnesota.
Como antes advirtiéramos, esta jurisprudencia se ha basado en un artículo análogo al 7° de nuestra Constitución Argentina, en que se habla expresamente de la fe que merecen en los demás Estados los actos y procedimientos judiciales, pero no se mencionan las leyes, no obstante lo cual las decisiones judiciales hacen hincapié en su lógica inclusión.
Robustecieron la tesis los casos posteriores Royal Ar-cannum v. Green, de 1915, en que se trataba de la aplicación del derecho de Massachussetts en Nueva York;

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADUALES    201
Modern Woodmen of America v. Mixer, de 1925, en que entraban en juego las leyes de Texas, Connecticut y Ten-nessee; New York Life Insurance Co. v. Head, de 1914, etc.
CUARTA PARTE
LA EXPERIENCIA NORTEAMERICANA I
En lo precedentemente escrito hemos estudiado el alcance del Derecho Internacional Privado para saber si, aun reteniendo un nombre tradicional si bien inadecuado, podríamos tratar en él los casos de concurrencia o conflicto de leyes no estrictamente internacionales; hemos mirado la confusión de materias en su origen y la asimilación de la doctrina en el mundo contemporáneo, especialmente entre los norteamericanos; hemos preguntado si cabe unir o desligar el estudio del conflicto interestadual e interprovincial del internacional, y terminamos vinculando la Constitución con nuestra ciencia para determinar si la Suprema Corte federal tiene atribuciones para dirimir conflictos de leyes entre las partes federadas. Ahora, recogeremos en ligera síntesis algunas enseñanzas que nos ofrecen la doctrina y la jurisprudencia en los Estados Unidos de Norte América en materia de divorcio y contratos.
II
El desenvolvimiento del sistema anglo-americano de Derecho Internacional Privado ha sido principalmente obra de los tribunales y no de los autores. Sin embargo, los jueces ingleses anteriores a Story fundaron a menudo sus decisiones en las enseñanzas de los tratadistas euro-

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peos del continente, especialmente los holandeses con su punto de vista territorial, y, entre ellos, Huber. Poco se escribe antes de Story en inglés al respecto. Jabez Henry publicó, en 1823, su "The Judgment of the Court of De-merara in the case of Odwin v. Forbes", precedido de un tratado sobre la diferencia entre los estatutos real y personal; siguió Dwarris, en 1831, con un trabajo general sobre los estatutos; Livermore, en los Estados Unidos, con 172 páginas dedicadas a disertar sobre las cuestiones que nacen de la divergencia (contrariety) entre las leyes positivas de diversos Estados y naciones; y, por último, el segundo tomo de los comentarios de Kent fueron dedicados al estudio de los matrimonios, divorcios, sentencias y transferencias extranjeros (Commentaries an American Law, 1827).
Story fue el primer expositor, y por muchos años el más respetado, de la doctrina internacional anglo-ameri-cana. Su obra se extendió a 557 páginas, dividida en 17 capítulos, en los que contemplaba el derecho civil, penal y procesal internacionales, y su teoría general del domicilio y la distribución de materias (emancipada de la clásica clasificación de los estatutos) prevalecieron desde entonces. A Story remonta también la preferencia de los anglo-americanos por la lex loci, para gobernar la capar-cidad contractual, en lugar de la ley personal, que propiciaron los internacionalistas del continente europeo, y que es —como veremos— uno de los más salientes contrastes con el sistema adoptado por Vélez Sarsfield.
Desde Story, la experiencia jurídica norteamericana ha recorrido un largo camino, cuyo resultado se concreta en la obra de gran aliento llevada a cabo por el Instituto de Derecho Americano con la codificación doctrinaria del Derecho Internacional Privado.

LOS CONFLICTOS   INTERESTADUALES    203
El Instituto de Derecho Americano fue organizado en febrero de 1923', interviniendo el presidente y miembros de la Suprema Corte nacional, representantes de los tribunales federales y estadualés, la Asociación de Facultades de Derecho Americanas (Association of American Law Schools), de las asociaciones de los foros nacional y local, y la Conferencia Nacional de Comisionados Pro Legislación Uniforme en los Estados, invitados por una comisión que presidió Mr. Elihu Root. Desde su constitución, el Instituto se dedicó a la codificación doctrinaria del "com-mon law" americano, iniciando la tarea con lo relativo a Conflictos de leyes, Contratos y Actos ilícitos (torts), en 1923, siguiendo con el Mandato, y en 1925, con Asociaciones comerciales; en 1926, el Derecho de propiedad; en 1927, Fideicomisos, y en 1933, los Cuasi-contratos, etc. En 1932 publicó su código (Restatement) en materia de contratos, en dos volúmenes, y en 1933, el Mandato, y continuó su tarea imprimiendo también el proyecto oficial de código del Derecho Internacional Privado (Restatement of the Law of Conflict of Laws), autorizado en la reunión del Instituto de mayo de 1934.
La importancia de esta agrupación doctrinaria, de las materias concernientes al Derecho Internacional Privado puede colegirse de la lista de componentes del Instituto. Cuenta con miembros oficiales, que son los jueces de la Suprema Corte nacional, los jueces mayores de los tribunales federales de apelación, los jueces de las cortes supremas de los Estados, los miembros directivos de la Asociación del Foro Americano (American Bar Assoc.), los presidentes de los colegios de abogados de los Estados, los presidentes de la National Conferencie of Commissioners on Uniform State Laws, la American Society of International Law, etc., y los decanos de las Facultades de Dere-

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eho agrupadas en la Assoc. of American Law Schools. Aparte de ellos, existen unos 700 socios.
También certifica la importancia de su obra la recepción que ha merecido en los diversos Estados, cuyos fallos en que se invoca el Restatement como precedente han sido periódicamente recopilados y publicados bajo el título "The Restatement in the Courts".
El volumen, de más de 600 páginas, dedicado a nuestra ciencia fue obra del antiguo profesor de Harvard, Joseph H. Beale, posiblemente la primera autoridad en la materia en los Estados Unidos, como relator, secundado por Harry A. Bigelow, de la Universidad de Chicago; Joseph H. Bingham, de Stanford University; John G, Buchanan, de Pittsburgh; A. M. Dobie, de Virginia; F. F. Faville, de la Suprema Corte de lowa; Herbert F. Goodrich, profesor en las Universidades de Michigan y Pennsylvania, y los profesores Lemann, Mikell, Page» Scott y Van Vleck, de varias instituciones docentes. El reputadísimo profesor Ernest G. Lorenzen, que ocupa el lugar más destacado entre los internacionalistas americanos, junto a Beale y algunos más, colaboró en la obra en sus comienzos. Tornó unos once años la preparación de este volumen, debido en gran parte —dice la Introducción al mismo— a que los abogados no han sabido apreciar la importancia práctica de la materia (these special difficulties are in the main due to the fact that the legal profession has failed until recently to recognize the great practical importance of the subject).
El propósito de esta recopilación es presentar un cuadro sistemático del common law generalizado en los Estados Unidos, manifestado en los precedentes judiciales y en la aplicación del derecho escrito, y para evitar la in-certidumbre de la ley y su escasa claridad que llevarían a

LOS CONFLICTOS  INTEKESTADUALES    205
la codificación positiva o legislativa del mismo. Es decir, el Instituto recopila el derecho común en nuestra materia en forma doctrinaria, para evitar que sea recopilada even-tualmente en forma de código con fuerza de ley: "The Institute recognizes that the ever increasing volume of the decisions of the courts, establishing new rules or pre-cedents, and the numerous instances in which the decisions are irreconcilable... are so increasing the law's uncertainty and lack of clarity that this will forcé the abandonment of our common law system. . . and the adoption in its place of rigid legislativo codes, unless a new factor promoting certainty and clarity could be found... The object of the Institute is accomplished in so far as the legal profession accepts the Restatement as prima facie a correct statement of the general law of the United States. . . The sections (of the Restatement) may be regarded both as the product of expert opinión and as the expression of the law by the legal profession".
QUINTA  PARTE
CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE DIVORCIO
I
Glasson, decía que el derecho comparado denunciaba una triple expansión del divorcio con: 1) el número creciente de Estados que aceptaban el principio de la disolubilidad del matrimonio; 2) el aumento de las causales admitidas en los países donde el divorcio existía; y 3) el número en incremento de las personas que se divorcian. Este proceso ha podido observarse con caracteres destacados en los Estados Unidos del Norte, y su natural con-

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secuencia es una enormidad de casos judiciales que interesan a nuestra materia por razón de la divergencia legislativa al respecto entre los varios Estados.
El principio de la indisolubilidad del matrimonio prevaleció en Inglaterra y en sus colonias por mucho tiempo: sólo era permisible la separación a mensa et thoro, salvo el privilegio del Parlamento —rara vez usado— de disolver un matrimonio, como el del Earl Rutland, en 1669, pero, en 1857, la Matrimonial Causes Act quitó a los tribunales eclesiásticos la jurisdicción en materia matrimonial, creando un tribunal especial al efecto, e introdujo el divorcio a vínculo. El divorcio se concedía al marido que probara el adulterio de la mujer, y a la mujer fundado en bigamia, bestialidad, o el adulterio acompañado de incesto, crueldad o abandono; pero, reformas posteriores han hecho notablemente más fácil su obtención.
La opinión ordinaria, que supone una facilidad extrema en la obtención de divorcios en los Estados Unidos, es un grave error, sostiene Arthur K. Kuhn, en sus "Principios de Derecho Anglo-Americano". En Carolina del Sud, no permite la Constitución del Estado dictar leyes que autoricen el divorcio absoluto; en Nueva York, los únicos motivos de divorcio eran el adulterio y la condena perpetua; en tanto que en Alabama, Colorado, Indiana, lowa, Kansas, Kentucky, Maryland, etc., el abandono por espacio de uno a cinco años era causal aceptada. Algunos Estados del Far West facilitaron en verdad el divorcio exigiendo escaso tiempo de residencia a los interesados, lo que ha creado la fama mentada, como Nevada, Dakota del Sud e Idaho, con residencia de medio año y abandono de un año promedio como causal.
En virtud de tal desigualdad legislativa, ha surgido la industria del divorcio, con el propósito de conceder las

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ventajas aparentes de la ley de un Estado a los matrimonios de otro Estado; la ciudad de Reno ha podido, así, llamarse la Meca del Divorcio. Pero, así como entre nosotros poco favor halló la competencia mejicana o uruguaya, en los Estados Unidos no fueron reconocidos por los demás Estados los fáciles divorcios logrados m fraudem legis mediante una radicación ficticia que no era bona fides.
II
En el caso Andrews v. Andrews (188 U. S. 14), la Suprema Corte nacional sentó la buena doctrina. El señor Andrews vivía en Boston; quería divorciarse y fuese hacia el Oeste, residiendo allí en la forma de estilo y con el propósito consabido. La señora de Andrews se sometió voluntariamente a la jurisdicción del nuevo tribunal al que había acudido su marido, y compareció por medio de apoderado. Decretado el divorcio, Andrews regresó a Boston. Transcurrido algún tiempo, contrajo nuevo enlace Mr. Andrews y dos hijos le dio su nueva esposa. Y murió. Con el deceso del nombrado, la primera esposa apareció reclamando ser tenida por única viuda y heredera exclusiva de sus bienes, ya que el señor Andrews no había llegado a ser residente bono, fide del Estado que otorgó el divorcio eludiendo la legislación estadual que le era propia. La Suprema Corte del Estado de Massachusetts y la Suprema Corte de los Estados Unidos dieron la razón a la reclamante, ya que viajar con el sólo propósito de eludir las leyes que rigen en el Estado donde tiene su hogar, no es adoptar otro domicilio.
In re Lister v. Lister, el Tribunal de Chancery, de Nueva Jersey (86 N. J. Equity 30), declaró nulo el divorcio logrado in fraudem legis mediante el traslado ficticio

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del domicilio, aseverando que "el cambio del domicilio del demandado era un fraude y una falsedad", "un caso perfectamente claro de grave fraude a las leyes de Nueva Jersey".
En Jardine v. Jardine, al anular un divorcio en el que, como en el anterior, se contaba con el sometimiento voluntario de ambos cónyuges a la nueva jurisdicción, y en que el esposo había residido las seis semanas que las leyes de Nevada exigían como mínimun, la sentencia expresa (Superior Court of Cook Country, III, n° 35-S-7503): "residencia en un Estado con el sólo propósito de obtener un divorcio, no es suficiente para dar jurisdicción al tribunal; el demandado cometió un fraude en perjuicio del tribunal de Nevada al pretender darle jurisdicción mediante falsa y espuria residencia. De materia más sólida debe hacerse una residencia permanente y de buena fe, y los tribunales de ese Estado, tanto como los de los Estados hermanos, no pueden quedar obligados por procedimientos tan livianamente contemplados y sentencias así fundadas. El divorcio de Reno decretado en favor del demandado no es una sentencia anulable, sino una sentencia nula, una nulidad, y, por consiguiente, el matrimonio posteriormente contraído por actor a y por demandado es ineficaz y nulo".
Hl
Tal es el panorama del problema de los conflictos de divorcio en los Estados Unidos, hoy día, que permite a Richard A. Knight, en una colaboración en McCall's, el año 1936, aconsejar a los divorciables que desistan de acudir a los tribunales de Reno, París o Yucatán.
Pasemos seguidamente a la evolución de la teoría y jurisprudencia en esta materia, para lo cual seguiremos

LOS  CONFLICTOS  JNTEBESTADUALBS    209
al octogenario profesor de Harvard, Joseph H. Beale, en su artículo "Haddock revisited", en la Revista de Derecho de Harvard (1926). Del caso Haddock parte una corriente que niega validez a numerosos divorcios, fundada en el razonamiento que proporciona, pero que no significa desdecir la obra de la jurisprudencia anterior: "It has been pointed out that while the rules laid down were inconsistent with the line of thought in important leading cases on the subject, they were not contrary to the actual decisión of authoritative cases". Por eso, aun cuando Beale estuviera entre sus críticos primeros y más robustos, veinte años después de pronunciada la famosa sentencia (201 U. S. 562, 1906), se aviene a reconocerla como la base del derecho americano en relación con la jurisdicción en materia de divorcio.
Si bien en la primera edición (1834), Story no dilucida la cuestión, lo hace en la segunda (1841): "En general, la doctrina ya establecida firmemente en Norte América de divorcio, es que la ley del lugar del domicilio actual de buena fe de las partes da jurisdicción a los tribunales propios para decretar un divorcio por cualquier causa contemplada en la ley local, sin referencia alguna a la ley del lugar del matrimonio originario, ni del lugar donde la ofensa que da lugar al divorcio fue cometida".
Quiere esto decir que Story rechaza las leyes del lugar de celebración del matrimonio y del lugar del adulterio, abandono u otro hecho que origine el divorcio, y opta por la ley del domicilio conyugal para regir y determinar la posibilidad de divorciarse.
Pero, un nuevo problema originó la posibilidad de tener distintos domicilios ambos cónyuges. Bishop, en 1852, al tratar del matrimonio y el divorcio, recoge la doctrina de Stor>, y también el juez Taney, en el litigio Strader v.

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Graham, en 1850, ya que "cada Estado tiene el indubitable derecho de fijar el estado civil, o condición doméstica y social, de las personas en él domiciliadas". Pero, habiendo algunos fallos negado a la esposa el derecho de adquirir un domicilio que no fuera el de su marido, Bishop presta el apoyo de su autoridad a la tesis contraria, alegando que continuar viviendo con el esposo culpable sería equivalente a condonar su falta y renunciar al remedio legal. "If the husband commits an offence which entitles (the wife) to have the marriage dissolved, she is not only discharged thereby immediately, and without a judicial determination of the question, from her duty to follow and dwell with him, but she must abandon him, or the cohabitation will amount to a condonation, and bar her claim to the remedy. In other words, she must establish a domicil of her own, sepárate from the husband... If, on the other hand, the wife commits an offence which entitles the husband to a divorce.. . she cannot set up her own offence in answer to his elaim (for divorce); and since she is bound to follow him, his domicil must, for the purposes of the litigation, be taken, as against her, to be hers alone".
De la admisibilidad de domicilios distintos para marido y mujer, surgió la posibilidad de que cualquiera de los dos Estados concernidos (el esposo tiene su domicilio en el Estado A y la esposa en el Estado B) pudiera otorgar el divorcio, lo que vino a ser el criterio en la mayoría de los Estados, y que aun en su edición de 1891 sustenta Bishop.
Pero, frente a este criterio generalizado, se levanta el mantenido por una minoría de Estados, pero de gran importancia. En 1897, Nueva York rehusa reconocer un divorcio otorgado en Ohio a la esposa que allí se radicó,

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADUALES    211
contra el esposo que, permaneciendo en Nueva York, no había intervenido en el juicio (People v. Baker). Con los asuntos Colvin v. Reed, en 1867; Lister v. Lister, en 1915; Harris v. Harris, en 1894, y algunos coincidentes, pueden alistarse en esta tendencia minoritaria los Estados de Pennsylvania, Nueva Jersey y Carolina del Norte. Pero, en Atherton v. Atherton, la tesis neoyorquina es rechazada por la Corte Suprema, en 1901, hasta llegarse al nuevo leading case Haddock v. Haddock, en 1906, en que parece querer transarse entre las dos tendencias.
La diferencia más notable en la jurisprudencia que prevalece en la mayoría de los tribunales americanos antes y después del caso Haddock, es ésta: con anterioridad (Thompson v. Thompson y Ditson v. Ditson, 1856; Hood v. Hood, 1865; Harding v. Alden, 1832, etc) el argumento básico es el derecho del Estado de decidir las cuestiones de estado civil de quienes lo habitan, en tanto que a partir de Haddock, sólo se acepta el divorcio concedido por un Estado en que se tenía derecho a domiciliarse. En dicho juicio (Haddock v. Haddock), la Suprema Corte de los Estados Unidos mantuvo que Nueva York no tenía porqué dar plena fe y eficacia a un divorcio logrado en Connec-tícut por el esposo allí domiciliado contra una esposa domiciliada en Nueva York. Realza el interés de la resolución la circunstancia de haber entendido en el divorcio el tribunal del domicilio del esposo, que es en doctrina general el domicilio conyugal y, por ende, de la esposa también.
Del voto del juez Mr. White, resulta: 1° Si el esposo deja indebidamente a su esposa, y busca un nuevo domicilio, no puede allí obtener un divorcio que merezca fe en los demás Estados; 29 pero, si cambia el domicilio luego de abandonarla por culpa de ella, podrá entonces lograr dicho divorcio plenamente válido. Conforme a ello, la cues-

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tión de jurisdicción es una apreciación de hecho con objeto de determinar de quién fue la culpa que hizo desaparecer el domicilio común y creó la diversidad de domicilios.
Dejando el orden ínterestadual para pasar al internacional, se registra el fallo Dean v. Dean, en que el juez Cardozo (1925), decía: "La esposa, domiciliada en Canadá y allí abandonada por su esposo, al casarse se hizo parte en un vínculo que los tribunales de Pennsyilvania han intentado destruir. Esto lo han hecho, aunque ella no se sometió a su jurisdicción, fundados en un domicilio que indebidamente constituyó lejos de ella el esposo culpable. Opinamos que las sentencias de este tribunal no permiten eludir la conclusión de que, conforme a los criterios de justicia que prevalecen entre nosotros, sería injusticia dejar que tal tentativa prospere".
IV
En cuanto a las relaciones patrimoniales de los esposos, se cita un fallo interesante, de 1911, de la justicia neoyorquina. No habiendo ley que, como la inglesa, autorizara al tribunal que pronuncia el divorcio a declarar la caducidad de los contratos referentes a los bienes patrimoniales, reviste especial interés el caso De Graffenried v. De Graffenried. Tratábase de una yanqui que contrajo enlace con un suizo en Francia, estando el domicilio en Suiza. Durante su matrimonio, la mujer transmitió al marido el derecho a la mitad de sus inmuebles sitos en Nueva York. Cuando, más tarde, ella logra su divorcio en Ginebra, pretende recuperar en Nueva York los bienes cedidos, ya que el tribunal suizo había condenado al marido a restituir; pero el tribunal americano mantuvo que

LOS CONFLICTOS  INTERESTADÜALES    213
los inmuebles estaban sometidos a la lex rei sitae y que ningún tribunal extranjero podía dejar sin efecto la transferencia ya efectuada.
El problema del divorcio en el Derecho Internacional Privado actual norteamericano, podemos sintetizarlo como sigue: 1°) La ley y el tribunal del Estado en que existe el domicilio conyugal son los que gobiernan la disolución del matrimonio, y el divorcio decretado por tal tribunal en mérito de dicha ley, goza de entera fe en los demás Estados. Dicho domicilio ha de ser real y sincero, de acuerdo con los requisitos ordinarios que convierten a la residencia en domicilio. 2°) Si ninguna de las partes está domiciliada en el Estado, éste carece de jurisdicción para otorgar el divorcio o aplicar su ley al caso. Repetidamente se niega, por esto, validez a los divorcios por correo en Méjico ("mail order" variety), no importando que la otra parte se haya allanado también a la jurisdicción (Kegley v. Kegley, 1936; People v. Harlow, 1935; Coakley v. Coak-ley, 1937), y a los divorcios logrados en Méjico con breve estadía ("cash and carry" variety), ya de cinco días empleados en tal país por el marido empeñado en su negocio matrimonial, como en Wells v. Wells (1935), nueve días en Bethune v. Bethune (1936), once días en Newton v. Newton (1935), o una breve temporada como en Manzi v. Manzi (1936). Igual suerte corren los divorcios de Ar-kansas (Miller v. Miller, 1935) y Nevada, a pesar de que el interesado haya cumplido con la obligación de fijar residencia en estos Estados, ya que no alcanzó a adquirir domicilio en ellos; y, de vez en cuando, divorcios de otros Estados, por razones análogas carecieron de eficacia (Mis-

214    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
sissippi, Ohio, Virginia, etc.). 3°) Sólo por excepción puede tener valor el divorcio decretado en un Estado en que se haya domiciliado uno solo de los esposos. Si es el marido quien ha abandonado el hogar, el caso se nos presenta como una excepción al principio general de que la mujer tiene el domicilio del esposo, ya que —como vimos— el marido al ausentarse no lleva consigo el domicilio conyugal si de su parte hubo culpa exclusiva. Si es la mujer que abandona, la jurisprudencia acepta que pueda adquirir un domicilio aparte aun antes de estar divorciada o separada legalmente, siempre que haya tenido motivos suficientes para no cohabitar con el esposo. Estas conclusiones que emanan del caso Haddock v. Haddock (1906), han sido aceptadas en fallos subsiguientes, a veces con alguna variación en los fundamentos, como en Drum-mond v. Lynch (1936), en que se descubre el concepto de un domicilio matrimonial ambulante que "seguía al cónyuge inocente hasta el Estado en que obtuvo el divorcio". Es también la doctrina recogida por el Restatement en su art. 113. En la práctica, la averiguación de la culpa del divorcio a efectos de la jurisdicción en el sentido indicado, ocurre invariablemente cuando acciona la mujer en un Estado que no es el del domicilio del esposo; en cambio, cuando el marido acciona en el Estado donde vive, la investigación con tal objeto es excepcional.

LOS CONFLICTOS  INTERESTADUALE3    215
SEXTA  PARTE
CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE CONTRATOS
I
No pudiendo —por razones de tiempo y espacio— ofrecer un cuadro completo de la doctrina norteamericana en materia de conflictos de leyes, concluiremos esta colaboración con una síntesis de la misma en relación con las obligaciones nacidas de contratos.
Los orígenes inmediatos de esta doctrina no han de buscarse ni en Wharton ni Beale ni autores americanos modernos menos conocidos, sino en el mismo Story. Desde él, seguiremos la evolución de la jurisprudencia a grandes rasgos, para detenernos en la doctrina del Restate-ment de 1934.
II
El estudio que vamos haciendo presupone conocimientos generales de la materia, sin los cuales es harto difícil seguirlo; el problema de la vinculación del Derecho Internacional Privado (Conflict of Laws) con el Derecho Constitucional en las federaciones de Estados o naciones, el trasplante de las soluciones clásicas de aquélla en el orden internacional al orden estadual, exige nociones que no nos es dable proporcionar aquí. Con esto en vista, no se achaque la relativa complejidad de la materia para los no iniciados, a defectos de método o plan didáctico deficiente. Alguna vez así se ha hecho, olvidándose que al plantear una cuestión nueva de carácter monográfico, en nuestra bibliografía, se dan por sabidos los elementos de Derecho

216    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
Internacional Privado y se presupone un conocimiento suficiente básico del Derecho en general.
Sin perjuicio de lo manifestado, recordemos sucintamente las teorías principales sobre el régimen internacional de los contratos.
Cuando dos partes contratan, pueden separarse varios aspectos en su gestación. La capacidad de las partes para comprometerse contractualmente, el consentimiento libremente expresado (sin dolo, error o violencia), la forma que tiene o debe tener determinado contrato, la interpretación del lenguaje que usaron las partes cuando fuera poco claro, los efectos del contrato entre las partes y respecto de terceros, la fecha cierta, la forma de cumplimiento, mora e incumplimiento, etc. Algunas disposiciones de la ley que rige los contratos son de carácter obligatorio, y las partes no pueden dejarlas sin efecto; otras, de naturaleza supletoria, tienen por objeto suplir la expresión de la voluntad de las partes cuando algún punto haya sido omitido deliberada o involuntariamente. Entre las disposiciones obligatorias, se destacan las que afectan la capacidad de los contratantes, las que obligan a ciertas formalidades externas para su validez, las que limitan la libertad de los contratantes por razones de moral, orden o interés público o social. Pero, la regla general es que donde no existe un interés superior social o legal expresado en la ley, las partes gozan de libertad de convención (p. ej.: art. 1197 del Cód. Civ. Arg.), y a tal libertad se la ha llamado "autonomía de la voluntad". Tal es el respeto que merece a la ley la voluntad de las partes en los contratos, que se considera que obligan no sólo a lo formalmente expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse virtualmente comprendidas (art. 1198).

LOS CONFLICTOS  INTEEESTADUALES    217
Teniendo en cuenta lo antedicho, al buscar la ley que debe regir a los contratos en los casos de concurrencia o conflicto de leyes (en el sentido del Derecho Internacional Privado), conviene separar el examen de los diversos aspectos expresados. Es posible que no sea la misma la ley que, supliendo la voluntad expresa, interprete el contrato, que la ley que gobierna la capacidad, la forma o el contenido forzoso (normas obligatorias) del mismo.
Para el alcance de las obligaciones que nacen de la voluntad libre de las partes, nada más conveniente que consultar tal voluntad interpretando el contrato, lo que han dicho y lo que han querido decir; si la cuestión que se presenta es respecto a alguna obligación o detalle omitido por las partes, respecto al cual existen en las leyes disposiciones que lo suplen con presunciones, desde Sa-vigny se ha venido sustentando las ventajas de acudir a la presunta voluntad hasta para determinar cuál de las leyes en colisión ha de regir, es decir, cual cuerpo de disposiciones legales supletorias, las del país A o las del país B, son las que vendrán a tomarse como voluntad tácita de las partes.
Partiendo de este juego de la voluntad autónoma, la corriente más usual de la doctrina internacional ha sido ofrecer como fundamento de la ley aplicable la presunta, elección tácita que de ella han hecho las partes, a veces por ser la que presumiblemente mejor conocían. Los primeros tratadistas americanos no se apartan de esta corriente; pero, de un tiempo a esta parte, pierde importancia el rol asignado a la autonomía de la voluntad, tan discutida recientemente, y a veces los fallos y la doctrina la olvidan por completo.
Para interpretar aquella parte de la voluntad tácita o pasiva cuyo alcance es determinar por cuál de varias leyes

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ha de ser gobernado en su substancia y efectos el contrato, se puede poner en juego uno o varios de los elementos: foro, nacionalidad y domicilio de los contratantes, lugar en que se celebra y lugar en que debe cumplirse el contrato. Resultan de ello los varios sistemas puros y mixtos o eclécticos que han tenido defensores en doctrina; pero, dentro de la limitación de este trabajo, nos interesan solamente los que han merecido mayor acogida entre los americanos del norte.
ni
El régimen internacional de los contratos es estudiado con detenimiento por Story, en general y con referencia a ciertos contratos en particular. En general, gobierna al contrato la ley del lugar de celebración, pero dejando lugar a la aplicación de la ley del lugar del cumplimiento, en homenaje a la autonomía de la voluntad, cuando las partes han establecido precisa (expresa o tácitamente) que el lugar del cumplimiento no ha de ser el lugar de su celebración. Es decir, la regla general subsiste cuando el lugar del cumplimiento es vario, o es el mismo que el de celebración, o sólo se cumple en otro lugar por una razón accidental, extracontractual. La regla general citada la da en su párrafo 242: "Generally speaking, the validity of a contract is to be decided by the law of the place, where it is made". Por lo tanto, a pesar del uso de "general rule", el párrafo 280 es sólo una excepción, por frecuente que sea su aplicación: "Where the contract is either expressly or tacitly to be performed in any other place, there the general rule is, in conformity to the presumed intention of the parties, that the contract, as to its validity, nature, obligation, and interpretation, is to be governed by the law of the place of performance".

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Tal es el sentido de las enseñanzas de Story, recogidas por numerosos fallos norteamericanos para los casos en que no coincide el lugar de celebración con el lugar del cumplimiento, doctrina que no acepta en su mentada recopilación de 1934 el Instituto Americano de Derecho.
Tal es, también, el alcance que da a las palabras de Story el profesor bonaerense Hugo Repetto Salazar, en su "Régimen Jurídico Internacional de los Contratos" (1939), rectificando a Bibiloni en su Anteproyecto de Código Civil y a Amancio Alcorta en el segundo tomo de su Derecho Internacional Privado, cuando señalan a Story como partidario de la lex solutionis como regla general. Dice Repetto, que el origen de la interpretación errónea radica en las palabras "regla general" empleadas en el segundo párrafo citado, por Story, "sin prever tal vez el alcance que viene a tener en el sentido de la frase". Nosotros creemos conveniente aclarar que en Story no hay contradicción, ya que no dice "la regla general es" sino algo equivalente a "la regla general en este caso es" (there the general rule is...).
La doctrina de Story la desenvuelve en sus Commenta-ries on the conflict of laws, aparecidos en 1834, al estudiar los que llama foreign contracts, citando a los estatutarios Voet, Huber y Boullenois, a Kent en sus Comentarios, al voto de Lord Mansfield en Robinson v. Bland y siete sentencias americanas, incluyendo el caso Reimsdyk v. Kane, que él mismo falló como juez federal veinte años antes.
Lord Mansfield, del King's Bench (tribunal inglés), en 1760 sentó sus principios en Robinson v. Bland, de que la ley del lugar no es aplicable jamás cuando las partes se han referido expresamente a la ley de otro país para regir la transacción. La cuestión de Derecho Internado-

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nal Privado no hacía al caso, sin embargo, porque se trataba de un contrato nulo tanto en París, donde era celebrado, como en Inglaterra, donde se cumpliría, lo que no obstó a que Mansfield se pronunciara al respecto: 1° encontrando que las partes tenían en vista la ley inglesa al contratar, para cuya conclusión cita a Voet y Huber; 29 que todo contrato cuyo objeto (subject matter) se relaciona territorialmente con Inglaterra, hace presumir que las partes eligieron como aplicable la ley inglesa; 3° pero el documento era nulo igualmente en ambos países.
IV
Los juristas americanos se han plegado principalmente a uno de estos tres sistemas: 1° que la ley que gobierna el contrato depende de la voluntad de las partes, y es menester investigarla en cada caso; 2° que la ley del lugar del contrato rige, dividiéndose aquí los autores, pues, para unos, debe primar el lugar de ejecución y, para otros, el lugar de celebración; S9 el sistema del Restatement, que aplica la ley del lugar de celebración a la validez del contrato y naturaleza de la obligación, y la ley del lugar de ejecución en cuanto concierne al cumplimiento.
Puede dejarse establecido, que en los Estados Unidos no se propicia la aplicación de la lex fon ni la ley personal (domicilio o nacionalidad) de los contratantes, menos aún si se trata de contrato que se celebra y ejecuta en el mismo Estado. Se hace concesión, a veces, por lo menos teórica, a la autonomía de la voluntad. Los que aceptan la lex solutionis no descartan la aplicación de la lex celebrationis; así, el Juez Bradley, en Morgan v. New Orleans Railroad Co., al discutirse un transporte realizado parcialmente en Nueva York, Alabama, Mississipi,

LOS CONFLICTOS   INTEKESTADUALES
Luisiana y Texas, estando entre ellos el lugar de su celebración incluido, opta por la aplicación de la ley del lugar de celebración, porque consideraba mejor retornar a la norma generalísima (fall back on the general rule), esquivando el problema de la multiplicidad de lugares de ejecución.
v
En cuanto a la forma, podemos decir que la regla locus regit actum es aceptada. Señálase como leading case el fallo en Scudder v. Union National Bank como valedera una letra aceptada oralmente bajo el amparo de la ley de Illinois, locus celebrationis, no obstante carecer de eficacia para la ley de Missouri, locus solutionis.
VI
En materia de capacidad, los anglo-americanos no aplican la ley del domicilio cuando se trata de contratos. Esta diferencia con el sistema argentino merece destacarse. Nuestro codificador somete la capacidad a la ley personal, ,en tanto que la validez o nulidad, naturaleza y obligaciones en los contratos, se rigen, en general, por la ley del lugar en que hubiesen sido celebrados (art. 1205 del Cód. Civ.); salvo que deban cumplirse en otro lugar, en cuyo caso prevalece esta ley (arts. 1209 y 1210).
En general, ios americanos optan para la capacidad por la lex loci contractus, pero a veces entra en juego la autonomía de la voluntad, y el Estado de Luisiana, heredero de la tradición legal francesa, se pliega a la ley del domicilio. Story, expresamente desecha la ley personal para ello.
Como casos típicos, se cita Male v. Roberts, caso inglés, en que se discutió la capacidad del tomador en un

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préstamo concertado en Escocia y litigado en Inglaterra. La tesis es incorporada al Restatement en su párrafo 353. Los autores que se apartan de esta solución se inclinan, en Inglaterra, por la ley del domicilio, y en América del Norte por la ley de ejecución.
vil
Pasando a los efectos de los contratos, encontramos partidarios de la lex celebrationis y partidarios de la lex solutionis. El primer sistema ha tenido frecuente aplicación en Colorado, Indiana, Massachussetts, Tennessee, Virginia y Maryland, y quedó consagrado en Carnegie v. Mor-rison (Morrison, banquero londinense, dio a Bradford un documento cuyo cobro intentó el primero en Londres, terminando con su demanda en Boston).
Nutridos ejemplos de su incorporación a la jurisprudencia hallamos en los llamados "Sunday contracts". Desde 1677, con Carlos II de Inglaterra, se consideró nula la convención concertada en día domingo, y algunos Estados americanos adoptaron la norma inglesa, apartándose de ella otros. En Arcbukle v. Reaume, haciendo a un lado ia autonomía de la voluntad, conceptuaron nulo en Michigan un contrato allí celebrado en día domingo, que no lo hubiera sido en Ohio, lugar de su cumplimiento.
En Stamps v. Frost (1935), las cláusulas de una locación de tierra en Mississippi fueron convenidas en Tennessee en día domingo, y redactadas por escrito algunos días después. La Corte Suprema de Mississippi mantuvo que el contrato era válido por haberse celebrado bajo el régimen de la ley de Tennessee y no obstante que la ley del foro (también lugar de ejecución) lo reputaría nulo.
Otro caso en que se pospuso la autonomía contractual

LOS  CONFLICTOS  INTERESTADUALES    223
en beneficio de la lex celebrationis, fue Gerli v. Cunard Steamship Co. decidido por los tribunales federales americanos. Estos aplicaron la ley italiana a un contrato de transporte de seda con destino a Nueva York que se había pactado en Milán pero con cláusulas limitando la responsabilidad y optando por la jurisdicción inglesa.
VIII
Los partidarios de la lex solutionis para el régimen contractual decrecen, y tienen en su contra a dos pilares de la ciencia jurídica americana, los profesores Lorenzen, de Yale, y Beale, de Harvard. No obstante lo que dijimos ser la regla general en Story, estos partidarios invocan su autoridad, en cuanto ampara la libertad de convención hasta para someter su contrato al gobierno de una ley prevista, y se registran fallos en tal sentido en Alabama, Georgia, Pennsylvania, Kansas, Kentucky, Mississippi, Michigan, Nueva Jersey y Dakota del Sud, principalmente.
IX
La distinción entre validez y efectos, entre lo obligatorio y lo supletorio en la ley que gobierna el contrato, tiene menos importancia entre los americanos, que en la práctica dejan poco juego a la autonomía de la voluntad en la elección de la ley aplicable, procurando establecer una regla más fija y precisa, como la del lugar de celebración, sin perjuicio de usar de aquella válvula de seguridad que significa el orden público (stringent public policy).
En American Furniture Mart Building Corp. v. W. C. Redmon, Sons & Co., los jueces d e Indiana, en 1936, rechazaron el argumento de que contrariaba la moral públi-

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ca un poder irrevocable con especificaciones toleradas en Illinois, donde se hizo, aunque llegarían a ser pasibles de sanción en Indiana. En el mismo sentido, se cita la opinión del tribunal superior de Michigan in re Eskovitz v. Berger (1936) y del tribunal federal de Pennsylvania en la litis Curtís v. Campbell (1935), etc. En cambio, otra es la actitud de los tribunales cuando la cuestión de orden público es grave (strong 'public policy), como en Windt v. Lindy (Tennessee, 1935); Kaufman v. Gerson (1904); Maxey v. Railey & Bros, Banking Co. (Missouri, 1933); Personal Fin. Co. v. Gilinsky Fruit Co. (Nebraska, 1934); Mertz v. Mertz (Nueva York, 1936), etc. Los fallos han hecho lugar a, o rechazado, demandas cuando, de haber aplicado la ley extraña, hubieran tenido que, al contrario, rechazarlas o favorecerlas. La razón ha sido, a veces, por tratarse de deudas de juego, o préstamos usurarios, o decretos confíscatenos en que zozobraba el derecho tradicional de la propiedad privada. En United States v. Bel-mont, se sostuvo (1936) que esta nación como cesionaria de la Unión Kusa de los Soviets no podía retirar depósitos existentes en el Banco demandado de propiedad de una compañía rusa que había sido nacionalizada por el gobierno ruso. En Holzer v. Deutsch Reichsbahn Gesells-chaft (1936), los tribunales neoyorquinos se rehusaron a aplicar la legislación antisemítica alemana, a pesar de que se trataba de un contrato celebrado en Alemania para cumplirse en Alemania, llegando accidentalmente a conocimiento del tribunal americano.
También en Inglaterra, en Banco de Vizcaya v. Don Alfonso de Borbón y Austria (1935), se negó validez extraterritorial a un decreto confiscatorio del gobierno republicano español, aunque fundados en la territorialidad de la ley penal.

LOS CONFLICTOS  INTERESTADtlALES    225
X
Hemos dicho con alguna anterioridad que el reenvío no tiene cabida sino excepcionalmente en la doctrina americana. Para rechazarlo les basta decir que, frente a un litigio con un elemento extranjero en la relación jurídica, el tribunal aplica su propia.ley y no el derecho extranjero; pero, como en su propia ley tienen en tal caso pre-lación las reglas del Derecho Internacional Privado (cholee of laws) y éstas imponen aplicar un derecho extranjero, al hacer uso de éste no hacen sino —aunque sea parado-jal— aplicar su propio derecho. Pero este juego es posible solamente sosteniendo que la norma local de Derecho Internacional Privado remite al derecho común del país extranjero y nunca al Derecho Internacional Privado del país extranjero. En el fondo, Beale y Lorenzen y multitud de autores convienen en ello, y el Restatement lo acepta.
La regla del Restatement es clara: en general, debe aplicarse la regla de Derecho Internacional Privado del foro cuando hay diferencia entre las reglas de colisión de los varios Estados concernidos. El parágrafo 7, inciso b, dice: "Cuando al hacer la elección de una ley aplicable, para gobernar una situación determinada, debe aplicarse la ley de otro Estado, desde que el único Derecho Internacional Privado (Conflicts of Laws) que se usa es el Derecho Internacional Privado del foro para la determinación del caso, la ley extranjera a aplicar es la ley que concierne al asunto sometido y no el Derecho Internacional Privado del Estado extranjero".
A pesar de lo dicho, cabe mencionar decisiones aisladas en que el reenvío es admitido. Tan antiguo como 1801

226    ANALES   DE  LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JUKÍDUCAS   Y   SOCIALES
es el caso Williamson's Adm'rs v. Smartvand Kilbee, en que, relativo a la sucesión en la propiedad de esclavos, el tribunal de Carolina del Norte aplica su ley luego de haber acudido a la ley de Virginia, que volvía a remitirlo a la ley del tribunal referido. En 1936, la Suprema Corte de Michigan (University of Chicago v. Dater) aceptaba que en cierto contrato que estaría sometido a la ley de Illinois por las normas de colisión del foro, pero que por las normas de colisión de Illinois estaría sometido a la de Michigan, regiría esta última. Una mujer casada de Michigan había firmado un documento en Illinois hipotecando un inmueble que fue allí ejecutado, siguiéndose el cobro del saldo en Michigan, donde ella hubiera sido incapaz de comprometerse por tal deuda; el tribunal de Michigan deja de lado la lex celebrationis que ordinariamente aplica, y toma la lex solutionis que propicia la ley de Illinois, lo que involucra la adopción del reenvío.
XI
Para terminar, veamos el sistema que prevalece en la doctrina contemporánea, por obra del Restatement del Derecho Internacional Privado por el Instituto de Derecho Americano en 1934.
La primera cuestión a plantear es cuál debe ser entendido como el lugar de creación del contrato, para cuya dilucidación debe atenerse a la ley del foro. Es decir, el tribunal que entiende en un contrato determinará como cuestión preliminar y conforme a su propia ley, cuál Estado debe mirarse como lugar de celebración (parág. 311). Subsiguientemente (parág. 312 a 331), el Restatement trae ciertas reglas que contribuyeron a determinar cuál debe considerarse el lugar de celebración de contratos en

LOS CONFLICTOS  INTERESTADHALES    227
que intervienen corredores o agentes, o por medio del telégrafo, teléfono o correo, etc.
"La ley del lugar del contrato (lex celebrationis) determina la validez y el efecto de una promesa con respecto a: 1°) la capacidad para hacer el contrato: 2°) la forma requerida, si hay tal, en que debe consistir la promesa; 3°) el consentimiento mutuo o causa, si existe, que se requiera la que la promesa obligue; 4°) otros requisitos para hacer obligatoria una promesa; 5°) el fraude, la ilegalidad u otras circunstancias que hagan nula o anu-lable una promesa; 6°) salvo lo dispuesto en el § 358, la naturaleza y extensión de la obligación a cuya prestación se obliga la parte; 7°) el tiempo y lugar en que, conforme a sus términos, la promesa debe ejecutarse; 8°) el carácter simple o condicional de la promesa" (§ 332). "La ley del lugar en que se contrata determina la capacidad para contratar" (§ 333). "La ley del lugar en que se contrata determina las formalidades necesarias al contrato" (§ 334). En los parágrafos 335 a 354, el Restatement contempla diversas hipótesis, aplicando la ley del lugar de celebración en las diversas emergencias, para en seguida pasar a la lex solutionis.
"El lugar de ejecución es el Estado en que, por disposición expresa o interpretación del lenguaje de la promesa (contrato), la promesa debe ser cumplida" (§ 355). Después de contemplar el caso de indeterminación del lugar de cumplimiento, llegamos a la regla general: "La obligación cuyo cumplimiento debe la parte en un contrato, será prestada conforme a la ley del lugar de ejecución en cuanto a: 1°) el modo de ejecución; 2°) el tiempo y lugar de la ejecución; 3°) la persona o personas por quienes y a quienes se hará la prestación; 4°) la suficiencia de la ejecución; 5°) la excusabilidad de la inejecución" (§ 358).

228    ANALES   DE   LA   FACULTAD   DE   CIENCIAS   JURÍDICAS   Y   SOCIALES
Los parágrafos 359 a 376 inclusives, prosiguen el estudio de las relaciones contractuales en los conflictos de leyes. En síntesis, disponen que la ley del lugar de ejecución determina si la condición se ha cumplido, la forma de hacerse la opción cuando la prestación es varia, la ilicitud de la prestación, los detalles del modo de realizar la prestación, el tiempo en que debe ejecutarse, la mora legal, el tipo o clase de moneda en las obligaciones de pagar sumas, la procedencia de pagarlas con letras, la persona a quien puede pagarse, el lugar específico dentro de una ciudad o distrito en que debe ejecutarse, la imputación del pago cuando son varias las deudas, la necesidad de presentación y protesto de la letra de cambio o pagaré, la subsistencia o no de la prestación alternativa cuando una hubiera perecido, el derecho a daños y perjuicios y su extensión en caso de incumplimiento, y las secciones finales (§ 373 a 376) contemplan diversas formas de extinción de la obligación sin su cumplimiento.
Desde luego que no puede ser nítida la división entre la naturaleza y validez y las cuestiones más directamente vinculadas a la ejecución del contrato. El Restatement, en su autocomentario, se hace cargo de ello: "Se presenta un problema difícil al decidir si una disputa en torno a un contrato se refiere a la creación de la obligación o a su ejecución. No hay distinción que se base exclusivamente en la lógica entre los derechos y deberes determinados por la creación del contrato, por una parte, y su ejecución, por otra parte. Todas las cuestiones que pueden surgir en la interpretación o ejecución de un contrato están lógicamente contenidas en la voluntad de las partes expresada en el contrato. Con el lenguaje del contrato, la interpretación hace al lenguaje, como tal, claro. La interpretación aquí determina el efecto legal del lenguaje en cuan-

LOS  CONFLICTOS  INTERE3TADUALES    229
to a las obligaciones. Guando la obligación llega a ser ejecutada, la continuación de un proceso análogo aclarará si la ejecución que exige el contrato ha de ser de una u otra forma. No hay un punto neto de separación lógica desde el principio hasta el fin de este proceso. Sin atenerse a la falta de lógica empero, se solucionan los problemas emergentes de los contratos como si algunos actos correspondieran a la celebración del contrato y otros actos a su ejecución. La aplicabilidad de la regla de que la ley del lugar de contratarse controla todas las cuestiones, se modifica por razones prácticas. Una ley se aplica a lo que se considera el origen del contrato y otra a lo que se considera su cumplimiento final. El punto en que termina el origen y comienza el cumplimiento, no es punto que pueda ser fijado por una regla legal de aplicación universal. Como todo proceso gradual, la solución dependerá de las circunstancias de cada caso y debe quedar librada al criterio" (Restatement, pág. 410).
A veces, la jurisprudencia ha aplicado la lex celebra-tionis a cuestiones que podrían también ser entendidas como vinculadas a la ejecución primordialmente. Así, en Atlas Life Insurance Co. v. Standfier (Texas, 1935), se aplicó una pena a la compañía por dilatar el pago de honorarios fundada en la ley de celebración aun cuando el cumplimiento moroso tenía lugar en otro Estado. (Ver: Developments in the Law. Conflict of Laws, 1935-1936, en la Revista de Harvard, vol. 50, pág. 1119, donde se sintetizan unos quinientos casos judiciales de Derecho Internacional Privado en los Estados Unidos, con el aporte del fichero especial del entonces Decano de la Facultad de Derecho de Pennsylvania, Herbert F. Goodrich, hoy sucesor de Beale en Harvard).

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